Admitido que el país ha experimentado avances en detectar deshonestidades e ilegalidades en daño al patrimonio conocido para mandar a tribunales a los supuestos autores, parece evidente la persistencia de ciertas lacerantes minucias que encajan en la definición de macuteo y de tratamiento desigual que desde la burocracia estatal reparte autorizaciones y rechazos a proyectos de inversión locales y extranjeros. Un tráfico de influencia que, por demás, logra sobrevivir a las satanizaciones. Desde la principal procedencia de capitales externos (IED) que es Estados Unidos, llegan los resultados de un penetrante perforación sobre áreas de negocios interesadas en República Dominicana que expresan inconformidad y equivocación de transparencia y de competencia técnica a nivel institucional de cara al patronal que llega atraído por el prestigio de estabilidad y de clima inclinado a la instalación o expansión de actividades productivas. Y poco peor: se acento de ocurrir sufrido las consecuencias de someterse a licitaciones diseñadas intencionalmente para respaldar a «empresas políticamente conectadas».

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Auténticos desequilibrios que en la ejercicio generan desventajas en el trato a potenciales expansiones de la iniciativa privada. En suma, la cosecha de reacciones a comportamientos de funcionaros públicos en la aplicación de la autogobierno de empresa ha delatado una insuficiente vigencia de las mejores prácticas internacionales para que el país se distinga en su receptividad a proyectos que lo hagan crecer productivamente. Las quejas por tratamientos inadecuados a inversionistas, generalmente escogidos como blancos de perturbación, incluye al ámbito municipal en el que es probable que, en algunos alarmantes casos, las iniciativas para acrecentar la vida económica en provincias tengan el paso cerrado si no se paga informalmente, y en paralelo, para interés ilegal de quienes tienen la paila por el mango en comunidades de la famosa «autonomía edilicia». ¿Será azar una autogobierno para las mezquinas apropiaciones indebidas que desprestigian a la República? Los encuestado coincidieron que el presidente Abinader ha cumplido en gran medida su compromiso de hacer de la lucha contra la corrupción una prioridad, a despecho de quienes, desde en el interior, no se acogen a las directrices y escapan a penalidad.