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Cada vez que llueve con cierta intensidad la secuela es la misma: inundaciones, desplazamientos, incomunicaciones, viviendas afectadas, derrumbes y muchas veces hasta muertes.
Como en la presente ocasión en que una vaguada ha provocado, de acuerdo con el primer boletín del COE, el desplazamiento de más de 2,500 personas y afectado más de 500 viviendas, la vulnerabilidad del circunscripción frente a los fenómenos atmosféricos ha quedado de manifiesto.
Pero el impacto de los fenómenos asimismo meollo una disciplina que las autoridades no pueden advenir por suspensión: la obligación de una permanente y rigurosa supervisión de puentes, carreteras, planteles escolares, hospitales y otras obras de infraestructura.
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El caso del puente que colapsó entre Don Juan y Yamasá, aunque no ofreciera señales de daño, es un buen ejemplo de la privación de supervisar las obras para evitar mayores consecuencias.
Hoy son previsibles los fenómenos, pero las condiciones en que subsisten cientos de miles de familias que residen en viviendas precarias y en zonas propensas a inundaciones serán siempre un desafío que tendrá que enfrentarse en la medida de lo posible.
