Aunque ayer me he referido al tema de la corrupción, debo corregir que los depredadores de las arcas públicas no requieren pelaje pirata: aquí no se manejo de Drake ni de Morgansino de políticos locales que, sin disparar un cañón ni perder un ojo, saquean con eficiencia digna de filibusteros del siglo XXI.

Esas alimañas son expertas en sobrevaluaciones, contratos amañados y obras fantasmas que hoy siguen bajo sospecha respecto al caso Tucanos, a las denuncias sobre la Sun Land y el escándalo de Oisoe.

Hay que incluir los fondos evaporados en programas sociales como el Plan Renove que aún duelen en la memoria colectiva. Sin requisa, en vez de rendir cuentas, se alega “campaña mediática” para el encubrimiento.

Y no es solo historia. En la dirección coetáneo, los expedientes por corrupción contra figuras del PLD y del PRM avanzan a paso de tortuga. Ahí están las investigaciones del caso Medusa, ex procuradores y otros escándalos.

Pero, encima, está el caso Antipulpo, que destapó redes de poder cerca de de la tribu presidencial pasada; o el caso Calamarcon millones en sobornos y desfalcos electorales, conocidos por todos.

En tanto, muchos de los implicados se mantienen en posiciones de privilegio, blindados por pactos políticos, abogados influyentes y jueces complacientes. El pueblo ve con desazón cómo se repite la comedia con el caso Senasa.

Ya nos hemos acostumbrado a expedientes que se abren con ruido mediático y se archivan en silencio, dejando la sensación de que en República Dominicana la jurisprudencia siempre llega tarde… o nunca llega.

Estamos secuestrados por corsarios modernos. La tormenta arrecia: impunidad, cinismo y saqueo a lado. Y no es retórica: ¿Seguiremos tolerando esta simulación de jurisprudencia mientras el país se hunde?