Washington, 28 de abril (ef) .- Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso antiinmigración, con una promesa central de cerrar lás puertas a quienes buscan pirarse o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la anciano campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.

En sus primeros 100 días en la Casa Blancaque se cumplen el miércoles, el presidente ha forzado los límites del Ejecutor para cumplir su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias -como el Pentágono o el Sección de Probidad- a involucrarse en la gobierno migratoria.

Allá de las “deportaciones masivas”
Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos -falta de personal y de infraestructura- para conquistar las deportaciones “masivas” que prometió a sus votantes.

El Gobierno ha sacado pecho del aumento en los osadía de Migrantes, que se han duplicado en comparación con la Oficina mencionado de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras Del Migration Policy Institute.

En contraste, no han publicado datos con la cantidad total de deportaciones y los que se conocen muestran que han expulsado a un ritmo igual o último del que llevaba el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Esto ha provocado frustración interiormente del Ejecutorsegún filtraciones a medios estadounidenses, que ha decidido editar una campaña promoviendo la “autodeportación»- es sostener, que los migrantes decidan por su cuenta retornar a sus países de origen.

En medio de la presión por acelerar las deportaciones y osadía, se han poliedro decenas de casos de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con un status reglamentario.

La Oficina de Trump todavía ha intentado eliminar una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el status de protección temporal y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de modo reglamentario por la frontera.

Como consecuencia, más de medio millón de persona se han quedado en un corona reglamentario -mientras los tribunales deciden sobre la vigencia de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.

Enfrentamiento con el jurídico
En febrero, el Gobierno de Trump comenzó a usar la pulvínulo naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) para retener a migrantes, trasladándolos desde centros de detención en EE.UU.

Inicialmente, las autoridades enviaron allí a 178 migrantes venezolanos, que pasaron varias semanas encarcelados antaño de ser deportados a Venezuela, provocando el rechazo de organismos internacionales.
Desde entonces, las autoridades han trasladado discretamente a más personas a la pulvínulo para luego enviarlos a otros países. Actualmente están detenidas allí 45 personas, según informó el diario The New York Times. A mediados de marzo,

Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una reglamento poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de pleito, para expulsar a cientos de migrantes (en su mayoría venezolanos) alrededor de una megacárcel en El Salvador.

En total, el Gobierno ha enviado a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos delante una corte ni de comunicarse con sus familias o abogados, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como “desaparición forzada«.

El uso de esta la ley que data de 1798 ha desatado un enfrentamiento con el Legislativo que amenaza con crear una crisis constitucional, según han alertado ya expertos legales y voces críticas del Ejecutor.

El Supremo ha decidido intervenir con necesidad para resolver las demanda que se han presentado en contra de su uso y ha metódico una pausa temporal a las expulsiones.

No obstante, el Gobierno ha estado ignorando los requerimientos de jueces en último instancia, que le han marcado de comportarse de mala fe.

Un magistrado en Washington D.C., James Boasberg, ha iniciado ya el proceso de decidir en desacato a la Oficina republicana. El Ejecutor ha respondido tildando a los jueces de “insubordinados” y “radicales de izquierda” y el pasado viernes el FBI arrestó a una magistrada de último instancia en Wisconsin acusándola de impedir el arresto de un migrante indocumentado.

En particular, el caso de uno de los hombres enviado a la megacárcel del CECOT, Kilmar Ábrego García, se ha convertido en una lucha abanderada por la competición demócrata. El Supremo ordenó al Gobierno “favorecer” su retorno, pero tanto EE.UU. como El Salvador se han rehusado a hacerlo. El migrante -de origen salvadoreño- estaba residente en EE.UU. desde hace más de una término y tenía un status reglamentario que lo protegía de la deportación.

El Gobierno, no obstante, lo arrestó y lo deportó, acusándolo sin pruebas contundentes de formar parte de la pandilla MS-13.

Las acciones en contra de los migrantes y la “deterioro” al conveniente proceso, señala a EFE Cathryn Paul, agitador de la estructura promigrante CASA, han llevado al país a un momento crucial donde se están poniendo a prueba “cada uno de los derechos Y libertades” que tienen quienes viven en EE.UU. EFE

Por: Alejandra Arredondo