En distintos rincones del país abundan ejemplos de obras públicas que, tras su inauguración, terminan convertidas en ruinas. Canchas, parques, caminos, paseos, edificios comunitarios y hasta hospitales, levantados con bienes del Estado y gobiernos municipales, caen rápidamente en el desaliño por la partida de un plan serio de mantenimiento. De esa forma, inversiones multimillonarias se convierten en un desperdicio de patrimonio y en afrenta a las comunidades que tanto reclamaron su construcción.

El problema no radica sólo en la ejecución de esas obras, sino en la visión cortoplacista de las autoridades. Se invierte en amnistiar cemento, cortar cintas y en tomarse la foto oficial, pero rara vez se contemplan presupuestos y estrategias sostenibles para certificar su uso adecuado a lo grande del tiempo. Un espacio sabido sin mantenimiento deja de servir a la familia y, peor aún, se transforma en un foco de trastorno y hasta de inseguridad.

Ahora admisiblemente, no toda la carga debe recaer en los ayuntamientos o en el Gobierno Central. A los munícipes igualmente les corresponde una cuota de responsabilidad ineludible en la tarea de cuidar las obras públicas. No se puede exigir parques y aceras si, una vez entregados, se convierten en basureros improvisados o son destruidos por quienes deberían cuidarlos.

El sentido de pertenencia y el compromiso ciudadano son esenciales para prolongar la vida útil de cualquier infraestructura. El serio progreso no consiste en inaugurar más obras, sino en certificar que las ya existentes cumplan con su función social. De carencia sirve construir si lo alto muere prematuramente por el descuido.

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