El SENASA está sometido a un fuego cruzado de críticas de todos los calibres. A finales del 2024 el presidente Luis Abinader dispuso una auditoría profunda y alentó a las entidades fiscalizadoras a hacer lo propio. En un acto sin precedentes, ordenó a la SISALRIL y al SENASA entregar a la Procuraduría Militar de la República un crónica sobre los hallazgos de las graves irregularidades detectadas.

Se señala la existencia de funcionarios activos, exempleados del SENASA y de proveedores de servicios privados, organizados más o menos de un call center paralelo para autorizar pagos de servicios no prestados mediante la suplantación de identidades, provocando un dita de miles de millones, con retrasos en la entrega de medicamentos y en los pagos a las PSS, minando su sostenibilidad y credibilidad.

La SISALRIL hizo varias críticas y advertencias sobre la situación sin ser atendida. Luego de la remoción de Santiago Hazím la nueva despacho se ha concentrado en el saneamiento financiero del SENASA para recuperar su solvencia, capacidad de servicio y de cuota como establece la Ley 87-01.

El Consejo Franquista de Seguridad Social (CNSS) mediante Resolución No 619-08, transfirió al SENASA 6,000 millones de pesos de las reservas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), una osadía que ha suscitado fuertes críticas y que podría ser jurídicamente objetada.

Nuestra Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) considera que la Ley 87-01 no faculta al CNSS a transferir bienes financieros entre los tres seguros establecidos. Los trabajadores no han provocado la crítica situación del SENASA por lo que no tienen por qué abonar esos platos rotos.

Respaldamos totalmente el compromiso del presidente Abinader de proteger y rescatar el consistencia financiero y la credibilidad del SENASA. El crecimiento crematístico sostenido y el uso más racional de los bienes públicos le permiten al Gobierno contar con fuentes legítimas para reparar al SENASA, con apego puro al ordenamiento judicial.

La propuesta de un SENASA único elevaría el afán de provecho manifiesto y privado, los fraudes, el clientelismo y las presiones de los gremios profesionales en perjuicio de los afiliados.

La adhesión contratación de servicios privados revela dos grandes verdades: 1) el afán de provecho de altos funcionarios mediante sobrefacturaciones millonarias; y 2) las tradicionales deficiencias de los servicios públicos. Por ejemplo, se contrata una atención primaria privada porque la gran mayoría de las UNAPS carecen de capacidad resolutiva, por la afluencia irregular del personal y la desidia de insumos y medicamentos. Lo condenable son los contratos división a división.

Sin una autonomía vivo de los hospitales y sin una asignación de los bienes de acuerdo al desempeño y a los servicios prestados, es impracticable respaldar el entrada universal al cuidado de la sanidad. Ningún país del mundo lo ha acabado apoyado principalmente en una medicina privada, cada vez más curativa y mercantilizada.

Por: Arismendi Díaz Santana
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