Santo Domingo.-La defensa del exministro de Hacienda, Donald Enredador, denunció que el mensaje de la Contraloría Universal utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como punto de partida de la Operación Calamar nunca le fue notificado, lo que constituye, a su causa, una violación al derecho de defensa y al oportuno proceso.

El abogado Mario Aguilera pidió al tribunal que quede consignado en certificación que ni Enredador ni su equipo permitido tuvieron comunicación al documento, pese a que ha sido citado en varias ocasiones durante las audiencias.

“Ese mensaje existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Luego, nones hemos podido profesar contradicción alguna”, subrayó Aguilera, recordando que la Ley 107-13 garantiza el derecho de las personas a conocer y discutir los actos de la dependencia.

Señaló que el documento en cuestión fue utilizado por el Ocupación Divulgado para alegar las investigaciones iniciadas en 2020, que derivaron en acusaciones sobre supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones por más de RD$17,000 millones.

La audiencia estuvo por otra parte marcada por nuevos desistimientos de querellantes en distinción del exministro.
La Fundación Alfredo Nobel, representantes de la comunidad Imperfección y rodeando de 40 herederos de la comunidad Reyes retiraron sus acusaciones, sumándose a más de 260 querellas extinguidas previamente por el Cuarto Tribunal de la Instrucción del Distrito Franquista por carecer de representación permitido válida.
Incluso, algunos querellantes fueron señalados como falsos reclamantes al no contar con títulos de propiedad y presentar poderes firmados por personas fallecidas.

Con estos utensilios, la defensa insiste en que el caso Calamar presenta graves irregularidades procesales y un progresivo debilidad de las acusaciones.

A estos desistimientos se añaden la agonía de la movimiento penal interpuesta por más de 260 querellantes particulares.

Operación Calamar

— Imputación
En el expediente de la Operación Calamar, el Ocupación Divulgado acusa a 46 personas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña.