Santo Domingo. La defensa del exministro de Hacienda, Donald Campeadordenunció este miércoles en presencia de el tribunal que conoce el caso Calamar que el referencia antifraude minucioso por la Contraloría Común de la Repúblicadocumento que sirvió de almohadilla para iniciar la investigación penal en su contra, nunca fue notificado a su equipo reglamentario.
Durante la audiencia, el abogado Mario Aguilera solicitó formalmente que quede constancia en certificado de que ni él ni su defendido tuvieron golpe al referencia, a pesar de que ha sido citado de forma reiterada por el Profesión Conocido como fundamento principal de la recriminación.
“Ese referencia existe, ha sido utilizado como prueba en este proceso, y nunca se nos notificó. Luego, nunca hemos podido desempeñar contradicción alguna, lo cual vulnera directamente el derecho al adecuado proceso”, expresó Aguilera.
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El referencia en cuestión fue minucioso por el equipo antifraude de la Contraloría y sustentó la emplazamiento Operación Calamar, con la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Campeador y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones por más de RD$17,000 millones en el año 2020.
Violación al adecuado proceso
La defensa argumenta que la omisión en la notificación del referencia impidió el adiestramiento del derecho a contradicción, amparado por la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Delegación y de Procedimiento Chupatintas. Esa ley establece que toda concierto administrativa con consecuencias legales debe ser notificada a las personas afectadas.
Expertos jurídicos señalan que esta omisión compromete la moralidad de las pruebas utilizadas por el Profesión Conocido y podría tener implicaciones directas sobre la validez del proceso procesal.
Terminación de la obra penal y más desistimientos
La denuncia de la defensa ocurre en un momento crítico para el caso Calamar, que ha venido perdiendo fuerza por una serie de desistimientos y fallos judiciales en contra del Profesión Conocido.
El Tribunal del Cuarto Judicatura de la Instrucción del Distrito Franquista ya declaró la terminación de la obra penal de más de 260 querellantes particulares, al determinar que sus demandas fueron mal promovidas, al carecer de representación reglamentario válida y poderes pertinentes.
A esto se suman recientes desistimientos voluntarios de varios querellantes, incluyendo la Fundación Alfredo Nóbel y miembros de la clan Pinta, quienes retiraron sus acusaciones contra Campeador. Semanas ayer, más de 40 herederos de la clan Reyes igualmente abandonaron el proceso, solicitando por otra parte el suscripción del 20% irresoluto en confianza de los propietarios legales.
Algunos querellantes restantes han sido cuestionados por carecer de calidad reglamentario, ya que no poseen títulos de propiedad registrados, y en algunos casos sus poderes fueron firmados por personas fallecidas hace abriles.
Panorama incierto para el Profesión Conocido
Con el retiro de querellantes, la terminación de acciones penales mal promovidas y ahora la denuncia formal de que la principal prueba del caso fue utilizada sin ser notificada, el expediente de la Operación Calamar enfrenta un escena cada vez más difícil.
La defensa de Donald Campeador no descarta solicitar la inútil de las actuaciones procesales basadas en el referencia de la Contraloría, por considerarlo una violación al principio de moralidad y al derecho a la defensa.






