La autora es abogada. Reside en Santo Domingo.

Por paola belliad

En esta Era digital, las redes sociales han emergido como la nueva plaza, un empleo donde millones ejercen su derecho a opinar, combatir y denunciar.

No obstante, este panorama asimismo ha puesto de relieve una creciente tensión entre la exención de expresión y los mecanismos de control, censura y manipulación que son impulsados tanto por gobiernos como por las plataformas tecnológicas mismas.

La exención de expresión es un derecho humano fundamental, agradecido en tratados internacionales y en constituciones de democracias. Sin bloqueo, en el entorno de las redes sociales, este derecho parece estar siempre en una especie de negociación.

¿Quién tiene la autoridad para determinar qué se puede asegurar y qué no? ¿Hasta qué punto puede una empresa privada restringir el discurso sabido? Y, ¿qué rol juegan los algoritmos en hacer que ciertas voces sean visibles o invisibles?

En países como la República Dominicana, hemos observado cómo figuras públicas, periodistas y ciudadanos han sido objeto de campañas de difamación o censura digital. A menudo, bajo el pretexto de combatir el “discurso de odio”, se silencian opiniones que son completamente válidas. En otros casos, se permite que circulen parte falsas que dañan reputaciones sin que haya consecuencias.

Esta equívoco es peligrosa, ya que transforma la exención de expresión en un privilegio que depende de intereses políticos, económicos o ideológicos. Encima, el anonimato en redes ha generado una crisis de responsabilidad. Muchos se esconden tras perfiles falsos para insultar, amenazar o manipular, sin confrontar las repercusiones de sus acciones.

Es crucial no confundir la exención de expresión con la impunidad. Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este derecho conlleva asimismo responsabilidades: llevar a cabo de buena fe, respetar la dignidad de los demás y contribuir a un debate demócrata.

Las redes sociales no son enemigas de la exención; sin bloqueo, siquiera son neutrales. Son espacios regulados por empresas que responden a intereses globales. Por ello, es urgente que los Estados aseguren que sus ciudadanos puedan expresarse autónomamente, sin temor a represalias o censura arbitraria.

La opción no radica en imponer mordazas, sino en educar sobre el uso responsable de la palabra. En definitiva, la exención de expresión en redes sociales debe ser defendida con firmeza, pero asimismo con inteligencia.

No solo se debe exigir el derecho a conversar; es necesario construir una civilización digital donde el respeto, la verdad y la multiplicidad de ideas sean los pilares de una ciudadanía activa y consciente.

paolabelliard@gmail.com

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