El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió este martes la Orden Departamental 055-2025, que refuerza el proceso de control y revisión de los contratos de mantenimiento correctivo con el objetivo de apuntalar que cada peso invertido en las escuelas se utilice de forma capaz y transparente.

Desde marzo de 2025, el Servicio de Educación se encuentra inmerso en la revisión integral de todos los contratos de mantenimiento correctivo, tanto los que fueron suscritos en la mandato precursor como los iniciados en la flagrante compañía, como parte de una logística institucional que cuenta con el comparsa técnico de la Contraloría Universal de la República.

“Este esfuerzo se ha traducido en la implementación progresiva de nuevos controles orientados a validar los pagos exclusivamente luego de la comprobación física y documental de los trabajos realizados”, indica el comunicado.

La nueva orden consolida este proceso con medidas secreto: ninguna transferencia a las juntas descentralizadas podrá realizarse sin una auditoría que certifique la conclusión satisfactoria de los trabajos, avalada por la Contraloría; se instruye la elaboración de un noticia técnico sobre los casos de obras pagadas y no ejecutadas que será remitido al Equipo de Recuperación del Patrimonio Manifiesto y, de ser necesario, al Servicio Manifiesto; y se fortalece la supervisión de obras en curso por parte de la Dirección de Infraestructura Escolar al tiempo que se establece que cada transferencia de fondos deberá acaecer por un proceso controlado y documentado.

Asimismo, se reafirma la obligación de las juntas descentralizadas de cumplir con el Reglamento para el Manejo de Fondos, lo que implica aprobar planes operativos, presupuestos, rendir informes mensuales, nutrir inventarios actualizados y ejecutar deducciones fiscales.

Con estas medidas, el Servicio dice respaldar que la conservación de la planta física escolar esté respaldada por controles técnicos, financieros y legales más robustos, y que las decisiones de las juntas se mantengan adentro del entorno constitucional y de la Ley Universal de Educación.

Recordó que las juntas descentralizadas están sujetas a la Ley de Compras y Contrataciones y que cualquier incumplimiento será sancionado. Asimismo, advirtió que el Consejo Franquista de Educación podrá anular decisiones contrarias a la Constitución y a la Ley Universal de Educación.

La cartera educativa subrayó que la mandato encabezada por el ministro De Camps es clara: cada memorial destinado a mantenimiento escolar se traduzca en obras verificadas y en mejores condiciones para los centros educativos.