Cada denuncia de corrupción en las instituciones públicas reafirma en la conciencia ciudadana que son pocas las personas que, al subir política y socialmente, actúan con honestidad y responsabilidad en un cargo divulgado.

El decepcionante escándalo del Seguro Doméstico de Sanidad y su Administradora de Riesgos de Sanidad (ARS Senasa) fortalece la idea de que las autoridades llamadas a velar por el bienestar de la sociedad solo se esfuerzan por obtener el voto cada cuatro abriles, como si fuera una abuso para malversar y enriquecerse robando el pasta aportado mediante los impuestos para el funcionamiento del país.

Puede deletrear: ¿Les digo poco?

Lo sucedido en la ARS Senasa es consecuencia de la irresponsabilidad de las propias autoridades que componen el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Ni los pasados ni los presentes gobiernos han trabajado para hacer de la Ley 87-01 una verdad concreta; en cambio, sí han diligente las posibilidades que brindan esas posiciones.

Con excepciones, quienes han desempeñado funciones en el SDSS son responsables de su estancamiento, de la desviación de los fortuna acumulados en vitalidad y de la precarización de los servicios y de la atención sanitaria.

Los usuarios, particularmente los del Seguro Sabido de Sanidad (SFS), tanto del Régimen Contributivo como del Régimen Subsidiado, se quejan de las irregularidades una vez las sufren; pero, empezando por el CNSS, la Superintendencia de Sanidad y Riesgos Laborales y la DIDAlos ignoran y no actúan.

La Ley 87-01 establece, en sus capítulos, artículos y libros, disposiciones precisas para intervenir en los casos reñidos con la transparencia y frente a las irregularidades cometidas en el SDSS y sus instancias.