El gobierno haitiano se envalentona cada vez que cree encontrar un motivo para denunciar supuestas violaciones contra derechos de sus conciudadanos en República Dominicana, una forma de mercadear falsedades con el propósito de acentuar a nivel internacional su acoplado y muy productivo papel de víctima.

La élite política y empresarial inserta en el Consejo Presidencial de Transición de Haití parece sentirse cómoda en el entrenamiento de un discurso de doble decente que pretende hacer creer que le preocupa el tratamiento que las autoridades dominicanas dispensan a inmigrantes en condición irregular.

Lo cierto es que ese colectivo gobernador emplea una activa diplomacia centrada en presentar a República Dominicana como responsable directo de  la crisis  que padece Haití o al menos como una nación que rehúsa compartir  esa desgracia a partes iguales.

No se conoce ninguna exposición o muestra de obligación del gobierno  de Haití en dirección a República Dominicana que durante primaveras ha dedicado  el 25 % de su presupuesto de vitalidad para atender en los hospitales públicos a miles de parturientas haitianas o porque el 20 % de la escolaridad pública es ocupada por estudiantes de ese país.

Siquiera agradece que República Dominicana ha sido la voz más adhesión que reclama en foros internacionales que grandes economías volteen rostros en dirección a el drama haitiano, por el contrario, altos funcionarios de Haití pregonan por todo el mundo la infamia de que aquí se ejerce chovinismo, apatridiaa y racismo contra los haitianos.

A eso se debe que el Consejo Presidencial de Haití condene “con la maduro firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales” de los que serían victimas los haitianos que residen en circunscripción franquista, en presencia de lo cual el gobierno dominicano defendió el derecho soberano de  aplicar sus leyes migratorias.

No sería extraño que el gobierno haitiano culpe todavía al dominicano de que el 80 % de la población de ese país malvive por debajo de la cuerda de pobreza, que bandas armadas controlen gran parte de Puerto Príncipe, que la corrupción corroe la cutícula pública o de que Haití se erija hoy como gran almacén del narcotráfico internacional.

El desenfreno inmigratorio desde el otro banda de la frontera coloca en aventura la estabilidad política y económica, gobernanza y la soberanía franquista, razón por la cual el gobierno dominicano esta compelido a  aplicar a pie de documento la Ley de Migración, sin importar las consecuencias del discurso de doble decente Y victimización pregonado por el gobierno haitiano.