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Por Rafael Díaz Filpo
Murmurar de derechos fundamentales es referirse a las garantías esenciales para comportarse con dignidad, soltura y honradez. En nuestro tiempo, su regulación enfrenta nuevos desafíos, especialmente cuando las leyes ordinarias intentan restringir derechos protegidos constitucionalmente, y más aún cuando entran en muestrario temas sensibles como la migración irregular.
La República Dominicana, en particular, se ve golpeada por un flujo masivo e incontrolado de inmigrantes ilegales provenientes de Haití. Esta situación genera enormes presiones sobre los servicios de vitalidad, educación, seguridad y empleo. Defender la aplicación efectiva de los derechos fundamentales implica asimismo proteger la soberanía, la estabilidad y la paz social del país. Un Estado que no regula su distrito ni resguarda sus bienes pone en aventura su propio esquema doméstico. La dignidad humana merece ser protegida, pero, al mismo tiempo, debe salvaguardarse el derecho de un pueblo a conservar su identidad, su orden y su viabilidad como nación.
El concepto de derechos fundamentales parte de su carácter inherente e irrenunciable. Estos derechos no dependen de la voluntad política de turno, sino que emanan directamente de la dignidad humana. En Iberoamérica, y particularmente en la República Dominicana, la reserva de ley exige que cualquier regulación o distrito de estos derechos sea realizada mediante una ley formal, emanada de un entraña parlamento probado y respetando el situación constitucional.
No se comercio de desconocer los principios de humanidad y solidaridad, sino de entender que toda política migratoria debe ser equilibrada: respetuosa de los derechos, pero firme en la defensa del interés genérico. La protección de los derechos humanos y el resguardo de la soberanía son deberes complementarios en una democracia constitucional.
La ahora nos confronta con tensiones palpables. En muchos países, incluida la República Dominicana, la inmigración irregular plantea retos reales a la aval de los derechos fundamentales. El derecho a la educación, a la vitalidad o a la identidad choca a veces con políticas migratorias restrictivas o con leyes ordinarias que pretenden confinar su paso. Esta situación pone a prueba el principio de supremacía constitucional y el valor actual de la reserva de ley.
La reserva de ley exige respeto a la subordinación reglamento y reafirma que los derechos fundamentales no pueden ser relativizados por decisiones coyunturales. Frente a estos dilemas, el rol del Tribunal Constitucional y de la justicia doméstico e internacional resulta crucial para asegurar que el derecho de la persona humana prevalezca sobre intereses administrativos o políticos inmediatos.
Este y otros temas de profundo impacto judicial y social los expansión con decano amplitud en mi manual La Reserva de Ley en Iberoamérica, donde analizo cómo la regulación de los derechos fundamentales debe mantenerse fiel a los principios constitucionales y al compromiso universal con la dignidad humana.
La ingenuidad contemporáneo exige, más que nunca, una defensa firme y activa de la reserva de ley como aparato esencial para proteger los derechos fundamentales. La Constitución debe ser la brújula que oriente cada política pública, especialmente cuando la tentación de regular derechos por la vía de la simple conveniencia amenaza con vulnerar aquello que debe permanecer inalterable.
