EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Aparentemente con la corrupción o malos manejos de los fondos públicos por funcionarios y ciudadanos vinculados al Estado nadie puede.

Tenemos suficientes datos para alegar que aunque la jurisprudencia en cualquier momento adopte castigos contra los manejadores dolosos de fondos públicos muchos de los que les siguen no echan cabezas.

Cuando Ulises Heureaux quien manejo bienes a su modo y otros presidentes anteriores no hubo ningún castigo jurídico pues no podemos musitar de que existía un sistema jurídico organizado como para expedir tras la gayola a cualquier procesado de supuesta corrupción.

Pasaron los abriles, pasaron gobiernos y con la arribada de Trujillo éste utilizó bienes públicos para comprar adeptos que luego llevó a sus gobiernos , los hizo ricos para acusarlos a posteriori de corruptos con el objetivo de eliminarlos hasta físicamente.

En estos tiempos modernos de 1966 para acá en  todos los gobiernos hubo casos de malos manejos de los fondos públicos, la corrupción administrativa y política en su máxima expresión.

Masa que ha llegado a esos gobiernos democráticos totalmente en olla para luego salir mostrando haberes y fortunas a gran escalera sin que trabajando honradamente puedan testimoniar tales riquezas.

Durante la transición de Trujillo a Balaguer, los haberes de la dictadura fueron repartidos entre los políticos y empresarios de esos tiempos que bajo cualquier argumento tomaron todo lo que era del Estado para sus usos particulares.

Bajo el gobierno de Leonel Fernández con la idea de capitalizar las empresas que dejó Trujillo bajo el nombre de CORDE incluso fueron entregadas al sector privado y a diferentes políticos o familiares esos haberes públicos que muchos han quebrado y otros han sido privatizados.

En fin ahora lo que ha tocado es que bajo cualquier concepto las instituciones públicas han sido víctimas de desfalcos, malos negocios, dispendios y otros manejos turbios que han sido para enriquecer a políticos y empresarios, así como amigos y familiares dependientes del poder partidario.

Sólo recapacitar los casos sonados de Frank Desueza Fleury y Pedro Porrello Reynoso, trámite de Antonio Guzmán.

Casos  de Leonel Almonte y otras decenas más en el gobierno de Salvador Jorge Blanco.

12 abriles de Balaguer que la corrupción se paraba en las puertas de su despacho.

Todo esto parecería historia nación sino se estaría repitiendo ahora, con Danilo Medina y Luis Abinader, los más recientes.

Los casos en los gobiernos del Partido de la Exención Dominicana son emblemáticos porque más o menos la jurisprudencia está accionando de las manos del presente gobierno. Dirigentes peledeístas, familiares Danilo Medina, funcionarios cercanos, y hasta militares están en las acusaciones del profesión manifiesto sobre ingreso y abusiva corrupción sin que el PLD haga un mea yerro.

La autocrítica siempre debe ser positiva y si es política vale más.

Si la población ve que en el PLD en vez de autocriticarse justifican lo que la jurisprudencia ha condenado en las elecciones no tienen mínimo que agenciárselas.

Entiendo que es difícil la posición en que se encuentra el ex presidente Danilo Medina probablemente no quiera sancionar a sus familiares, cercanos familiares y amigos, pero la verdad es la verdad.

En cuando a los del PRM, deben mirar para a espaldas y no cometer los mismos errores que ellos condenan ahora, de lo contrario  les pasará lo mismo, ahora sólo es cuestión de esperar.

Jpm-am