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La Constitución Norteamericana es clara y precisa en relación a las funciones que deben realizar cada uno de los poderes que conforman el Estado como son el Poder Ejecutante, el Congreso y el Poder Legislativo. En la maña históricamente ningunos de los poderes ser ejerce en extralimitación de las normas que establecen sus funciones.
Es el caso del congreso que tiene función primordial la creación de leyes, aprobación del presupuesto de la nación e incluso tomar acciones en relación al régimen de impuestos. Aunque junto a destacar que son las legislaciones estatales (congresos con senadores y diputados) los que se involucran de guisa directa en lo que es el régimen de impositivo en cada uno de los Estados, adecuado a que la nación norteamericana esta regida por el federalismo en la que cada Estado es independiente.
El Poder Ejecutante entre sus funciones figuran, la de ejecutar y hacer cumplir las leyes federales, dirigir la política extranjero, comandar las fuerzas armadas y nombrar los altos funcionarios públicos algunos de los cuales deben ser ratificados por el Senado.
La efectividad es que el Poder Ejecutante liderado por el contemporáneo presidente Donald Trump desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero del presente año se ha estado excediendo en sus funciones mediante acciones como: la radiodifusión de órdenes ejecutivas (decretos) en violación de las leyes, apresamiento y deportación de inmigrantes legales e ilegales sin permitirles ser escuchados por los jueces y de no acatar las órdenes judiciales.
Sin bloqueo, en presencia de esas ilegales acciones, el Poder Ejecutante ha tenido que enfrentarse en una batalla campar a las decisiones emanadas por el Poder Legislativo, el cual ha solicitado al gobierno aficionar al respecto de las leyes.
La situación ha escalado a tal nivel que el gobierno de Trump se prevé que será marcado de desacato a las leyes adecuado a su continuo desafío e incumplimiento de las órdenes judiciales federales en lo relacionado al caso del inmigrante salvadoreño Kilmar Armando Abrego García, el inmigrante judicial salvadoreño padre de tres hijos y casado con una ciudadana norteamericana que fue deportado por error a sus país de origen y que el gobierno de Trump se niega en retornar a los Estados Unidos a pesar de un desacierto que en su auxilio que emitió la Suprema Corte de Rectitud para que sea regresado al país (Estados Unidos). Eso es un evidente caso de desacato penal.
El desacato llevado por el Togado Federal James Boasberg en caso de ser declarados culpables todos funcionarios involucrados en ese caso incluidos los abogados podrían perder sus licencias, ser condenados a prisión y al suscripción de elevadas multas económicas.
El cálculo de los poderes públicos en Estados Unidos, es aseverar el contrapeso se fortalece en la medida en que cada uno de los poderes se extralimiten en el inteligencia de sus poderes, porque de lo contrario otros de los poderes intervendrán como una forma de ayudar el orden y seguridad de esos poderes. En esta ocasión, el Poder Legislativo ha intervenido como una forma de reestablecer el orden a lo interno del Poder Ejecutante que continúa actuando en violación a las leyes.
