Por: Dinys Luciano y Wendy Alba

Integrativa online DVCN y Colectivo Sanidad Mental RD

La evidencia internacional es clara: sin financiamiento suficiente, las políticas quedan en el papel. A nivel mundial, la mediana del pago divulgado en vigor mental sigue estancada cerca de del 2% del presupuesto inodoro y, en la Región de las Américas, ronda el 3% (1,8% en Centroamérica, México y el Caribe latino; 5% en el Caribe no latino; y 1,8% en América del Sur). Una gran parte de estos posibles continúa concentrándose en hospitales psiquiátricos en oportunidad de destinarse a redes comunitarias e intervenciones de prevención y apoyo psicosocial. Esta ingenuidad limita el significación de cualquier reforma legítimo y mantiene una elevada brecha de atención.

En la República Dominicana, el pago gubernativo en vigor mental equivale al 0,7% del presupuesto de vigor (cifra 2019 del Atlas de la OMS). Este nivel es inferior al de varios países de ingreso similar en la Región: Costa Rica (4,6%), Panamá (3,0%), Colombia (1,8%) y Ecuador (1,2%). Encima, el Atlas señala que no se han estimado ni asignado posibles humanos y financieros específicos para implementar una política de vigor mental, que la integración en la atención primaria no alcanza el umbralado de funcionalidad (autoevaluación 3/5), y que la fuerza profesional total es de tan pronto como 10,61 profesionales por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores confirman que, sin presupuesto, la capacidad operativa para ejecutar una ley será muy limitada.

Las consecuencias del subfinanciamiento y del sesgo hospitalocéntrico son concretas: en las Américas, la mediana de la brecha de tratamiento para trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias alcanza 73,5%; en América Latina y el Caribe llega a 77,9%. A esto se suma que más del 60% del pago en vigor mental en la Región continúa destinándose a hospitales, dejando desatendidos los servicios comunitarios, la prevención y el apoyo psicosocial que acercan la atención a mujeres, jóvenes y comunidades. En 2020, en la República Dominicana, el número de establecimientos de vigor mental basados en la comunidad era 18, equivalente a 0,17 por cada 100.000 habitantes.

La evidencia muestra qué funciona cuando se financia. La atención especializada (psiquiatría, unidades hospitalarias generales) es imprescindible para casos complejos, pero debe complementarse con apoyo psicosocial, integración en la atención primaria y respuestas comunitarias centradas en la persona y basadas en derechos. La OMS recomienda subir servicios comunitarios y blindar la atención primaria en vigor; las revisiones sistemáticas sobre mhGAP demuestran que capacitar a personal no diestro restablecimiento la detección y el manejo de trastornos comunes; y el observación de retorno de inversión publicado en The Lancet Psychiatry demuestra que cada US$1 invertido en depresión y ansiedad genera aproximadamente US$4 en productividad y vigor, un argumento financiero esencia para tomadores de audacia.

Encima de marcos de derechos, la Ley debe establecer metas presupuestarias graduales y verificables (por ejemplo, acercarse en el corto plazo a la mediana regional de 2% y converger alrededor de niveles de países pares), con asignaciones protegidas para redes comunitarias y atención primaria en vigor (sin descuidar la atención especializada), indicadores de seguimiento y financiamiento de posibles humanos. Esto se alinea con la recomendación de asignar el pago proporcional a la carga de enfermedad y con los hallazgos del propio Atlas, que documenta la brecha entre leyes y posibles efectivamente asignados. Una ley sin financiamiento no cambia resultados; con financiamiento inteligente, sí.