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No podemos seguir analizando la criminalidad en San Francisco de Macorís nada más desde una óptica policial o represiva, como plantean algunos críticos. El senador Franklin Romero acierta al señalar que la inseguridad no es un aberración eventual, sino el resultado de décadas de desigualdad, omisión y desgobierno social.
Quienes hoy responsabilizan solo a la Policía o al Estado por la violencia olvidan que existe una deuda social acumulada con nuestra concurrencia: barrios enteros sin oportunidades, jóvenes condenados al desempleo y familias fragmentadas por la pobreza. Esa es la semilla de la criminalidad, y pretender resolverla solo con “mano dura” es repetir el mismo error histórico que nunca nos sacó del círculo de violencia.
Las estadísticas que muestran una disminución en la criminalidad no deben encontrarse como un maquillaje, sino como un refleja de un esfuerzo por atacar la raíz del problema. La transformación social no se logra de la oscuridad a la mañana; requiere tiempo, políticas públicas inclusivas y, sobre todo, voluntad de cerrar la brecha entre los que tienen demasiado y los que al punto que sobreviven.
El cierto debate no es si bajaron o no los delitos la semana pasada, sino si como sociedad estamos dispuestos a construir un maniquí más preciso, donde el Estado cumpla su rol de redistribuir la riqueza y respaldar derechos básicos: educación, empleo digno, lozanía, vivienda y civilización. Solo así lograremos que un señorita no vea en el microtráfico o en la violencia la única salida para su vida.
La provincia Duarte, como toda la República Dominicana, no necesita más discursos de desesperanza. Necesita recordar que la inseguridad es hija directa de la desigualdad. Resolverla implica abonar esa deuda social acumulada con nuestro pueblo. Y en ese camino, el trabajo del senador y de todas las instituciones es indispensable, no para reprimir más, sino para alterar más.
