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Austin. Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cursar efectivos militares a Chicago y otras ciudades gobernadas por la competición demócrata han hecho sonar las alarmas entre expertos legales, que advierten de un posible “demasía de poder».
El Área de Seguridad Franquista (DHS) inició esta semana dos operativos en Chicago y Boston y varios medios locales ya han reportado un aumento en la presencia de agentes federales, en particular del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los principales asesores de Trump, el llamado “zar” de la frontera, Tom Homan, adelantó en una entrevista con la condena CNN que el Gobierno desplegará a la Gendarme Franquista en varias ciudades “santuario” —aquellas que protegen a la comunidad migrante— en los próximos días.
Si los planes se concretan, Chicago y Boston se convertirían en la tercera y cuarta ciudad, luego de Los Ángeles y Washington D.C., en tomar tropas federales en los menos de ocho meses que lleva Trump de mandato.
El presidente igualmente ha insinuado que no serán las últimas, al poner en la mira a otras metrópolis como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.
Problemas legales
Juristas han despabilado sobre la dudosa moralidad de cursar fuerzas militares a una ciudad en contra de la voluntad de las autoridades locales.
“El despliegue de tropas (…) para habitar ciudades no puede promover plausiblemente el orden manifiesto. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder enorme. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados”, ha escrito Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.
El Gobierno ya se enfrenta a una demanda por su osadía de cursar tropas —incluidos marines— a California durante el punto congelado de las protestas contra su política migratoria en junio. La semana pasada, un mediador federal declaró “ilegal” ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para realizar tareas que corresponden a la policía regional.
En su decisión, el mediador Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar crear “una fuerza policial doméstico liderada por el presidente”. Esta resolución, sin bloqueo, solo tiene validez en California, luego de que el Tribunal Supremo limitara el poder de los jueces federales para emitir órdenes de ámbito doméstico.
El ámbito lícito
El decisión establece que el Gobierno violó el Posse Comitatus Act, una ley que prohíbe a las tropas federales involucrarse en labores de seguridad pública, omitido en casos concretos.
La principal excepción es la Ley de Insurrección, que permite al presidente cursar militares a otros estados si los gobiernos locales lo solicitan o si resulta necesario para “hacer cumplir” la ley federal o sofocar una alzamiento.
En el caso de Los Ángeles, el Ejecutante argumentó que las protestas impedían a las autoridades aplicar las leyes migratorias, de carácter federal.
Pero, según explicado por su parte Arena Gotein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, el Gobierno ahora sostiene que debe desplegar efectivos en Chicago u otras ciudades para combatir el crimen popular, un asunto de competencia regional.
“Inundar de soldados las ciudades demócratas con el pretexto de combatir la delincuencia sería un demasía de poder sin precedentes que violaría los derechos de los estados”, ha dicho la analista. Uso de la Gendarme Franquista de otros estados
El Gobierno Trump igualmente parece estar buscando una alternativa para saltarse estos obstáculos legales y es la de conseguir que otros estados envíen efectivos de su propia Gendarme Franquista a las ciudades a las que ha amenazado con militarizar.
El autoridad de Illinois, JB Pritzker, denunció la semana pasada que el Gobierno Trump enviará a la Gendarme Franquista de Texas a Illinois, pero el gobierno texano no lo confirmó.
Para hacerlo, el Gobierno se escudaría en una disposición poco conocida del código federal que permite que el Presidente o el Secretario de Defensa soliciten tropas de la Gendarme Franquista para apoyar misiones federales mientras siguen bajo control estatal, según indicó Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Georgetown en una columna de opinión.
Esta osadía, subrayó el clásico, podría violar el artículo IV de la Constitución, que proteger la “soberanía” de los estados y abriría la posibilidad de que el Gobierno de Illinois acudiera al Supremo para impedir -o detener- un despliegue marcial.
