El contemporáneo gobierno se ha caracterizado por ser el que más efectivo ha manejado en toda la historia de República Dominicana, pero paradójicamente es incluso el de más descenso inversión en infraestructura.

Esta existencia, acullá de ser un simple circunstancia crematístico, encierra una gran incongruencia que afecta directamente la vida de millones de dominicanos.

Cuando hablamos de infraestructura no sólo nos referimos a grandes autopistas o majestuosos edificios estatales; hablamos de calles asfaltadas en los barrios, de drenajes pluviales que eviten inundaciones, de mercados en condiciones dignas, de cementerios funcionales y de parques donde las familias puedan respirar un poco de medio fresco. Y es precisamente ahí donde el deuda se siente con más fuerza: en la vida cotidiana de la multitud.

Los gobiernos locales han sido los más castigados en este panorama. Los ayuntamientos continúan recibiendo tan pronto como un 2.6 % del Presupuesto Franquista, a pesar de que la Ley 166-03 establece de modo clara que les corresponde el 10 %.

Este incumplimiento histórico se ha agudizado en una papeleo que, aunque maneja más posibles que ninguna otra, sigue relegando a los municipios a un papel secundario.
El caso del Gran Santo Domingo es el más evidente.

Esta región genera más del 40 % del producto interno bruto (PIB) doméstico, siendo el definitivo motor crematístico del país.

Sin confiscación, los municipios que lo componen sufren de desgobierno en aspectos esenciales de infraestructura.

Es una paradoja dolorosa; los que más aportan a la bienes doméstico son, a la vez, los que más padecen por errata de inversión pública.

El Distrito Franquista, por ejemplo, concentra las principales instituciones del Estado y el corazón financiero de la República. Pero baste recorrer sus calles para notar el trastorno, la faltan muchos más espacios públicos de calidad y un drenaje pluvial que colapsa cada vez que llueve. ¿Cómo puede sostener la renta del país el peso crematístico y político de la nación sin tomar un trato prioritario en materia de inversión? La alcaldía sencillamente no puede sola.

Santo Domingo Este no se queda a espaldas en este drama. Es uno de los municipios de viejo crecimiento poblacional y territorial, con enormes retos en movilidad, servicios básicos y ordenamiento urbano. Su ampliación demanda intervenciones serias y sostenidas, no paños tibios ni obras inconclusas que no cambian la existencia de sus comunidades.

Santo Domingo Boreal, por su parte, sigue siendo un municipio marginado. Sus barrios carecen de infraestructuras elementales y su población sufre las consecuencias de un maniquí que concentra riquezas en el centro, mientras la periferia acumula carencias.

La gran incongruencia por otra parte de económica; es incluso social y política. Si el Gran Santo Domingo produce más del 40 % del PIB, es dialéctico y amoldonado que reciba un retorno proporcional en inversión. No se proxenetismo de un privilegio, sino de un principio fundamental de equidad territorial.

Negarles a los municipios lo que les corresponde es condenar a millones de personas a existir en condiciones de rezago, aun cuando son ellos quienes sostienen la riqueza doméstico.

Es momento de replantear las prioridades. No baste con exhibir cifras de crecimiento macroeconómico mientras la multitud tropieza con aceras rotas, vive con miedo a las inundaciones o carece de espacios dignos para convivir.

La verdadera medida del progreso está en la calidad de vida de la ciudadanía, y esa se construye con inversión pública de cercanía, de la que se encarga cada consistorio.

Los gobiernos locales deben ser fortalecidos, no debilitados. Cumplir con la ley del 10 % de transferencia es una deuda histórica, pero incluso una oportunidad de metamorfosear nuestras ciudades y municipios.