El desidia relativo del Gobierno central frente a las micción de Punta Cana revela una visión reduccionista del rol del Estado en zonas turísticas de gran expansión. La percepción de que, por ser un destino de opulencia, el sector privado debe aceptar el peso de las soluciones comunitarias, es a todas luces equivocada. Es cierto que las empresas tienen un deber social ineludible, y en muchos casos lo han asumido, pero esto no libera al Estado de su obligación constitucional de certificar derechos fundamentales como educación, sanidad, seguridad y movilidad.

La equivocación de una política pública integral para replicar al crecimiento poblacional de Punta Cana se traduce en deficiencias notorias en ámbitos tan vitales como la seguridad viario. A diario se registran accidentes, muchos de ellos fatales, que podrían reducirse con una adecuada planificación de tránsito, más presencia de autoridades y una infraestructura conforme con la densidad demográfica y vehicular. Sin bloqueo, los controles son mínimos, y la prevención parece convenir relegada a un segundo plano.

En el ámbito educativo, la insuficiencia de cupos escolares refleja una contradicción: mientras Punta Cana aporta grandes beneficios económicos al país mediante el turismo, sus familias enfrentan limitaciones para conseguir a un derecho elemental como la educación pública. Esta situación obliga a muchos padres a acudir a centros privados que no todos pueden costear, generando desigualdad en una comunidad que ya experimenta fuertes contrastes sociales.

La delegación tácita de responsabilidades al sector privado es, en última instancia, una renuncia del Gobierno a su papel de avalista de derechos. Punta Cana no puede ser audiencia solo como una “zona de inversión y fascinación”. Detrás de esa figura vive una comunidad con demandas legítimas. Ignorar esto significa sembrar tensiones sociales que tarde o temprano afectarán todavía el propio motor turístico.

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