En tiempos de encuestas adversas, cuestionar la soberanía territorial de un país vecino es el combustible consumado para cuidar la estabilidad interna. Petro le sigue los pasos a Formado y Evo Morales.

Por Ricardo Monzón Kcomt

En América Latina, los mapas se redibujan más rápido en los discursos de campaña que en las oficinas de Cancillería. La isla Santa Rosa, hoy centro de la tensión entre Perú y Colombia, es al punto que el zaguero capítulo de una vieja prescripción regional: cuando peligra la estabilidad interna, siempre queda a mano un pedazo de tierra para sacudir el nacionalismo. Aquí, la diplomacia suele ceder paso a la oratoria patriótica y la soberanía se convierte en combustible político que arde con más fuerza en tiempos de encuestas adversas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, es el nuevo protagonista de esta historia de instigación geográfica. La confrontación estalló cuando el 7 de agosto reclamó como suya la mencionada isla, ubicada en la triple frontera entre su país, Perú y Brasil, en el corazón de la Amazonía, en protesta a que el 3 de julio el Congreso peruano haya creado allí, a través de una ley, el distrito de Santa Rosa de Loreto como parte de su distrito.

La isla en la que está sito este distrito surgió rodeando de 1970 oportuno a un proceso natural de fragmentación de la parte sur de la isla peruana de Chinería. Por el este limita con las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Allí viven netamente pobladores peruanos, que suman aproximadamente 1,800 habitantes, quienes tienen documento de identidad y gozan de los servicios estatales del Estado peruano.

Perú asegura que tratados internacionales como el de Río de Janeiro de 1934 lo respaldan y que la novelística de Petro se da por desconocimiento, aunque, valgan verdades, al demandar como suya la isla Petro intenta distraer la atención y tapar los escándalos internos que lo rodean, como el caso de corrupción sobre la negocio de carrotanques con sobrecostos y el desvío de medios para presuntamente sobornar a congresistas a cambio de apoyo a sus reformas sociales.

La equidad además investiga el vistoso financiamiento ilícito de su campaña presidencial, en la que se presume que hubo donaciones de narcotraficantes a ayuda de su hijo Nicolás.

A todo esto, en junio de 2025 la desaprobación de Petro alcanzó su punto más detención, y aunque tuvo una recuperación moderada en agosto, el rechazo sigue marcadamente por encima del apoyo. El 89% de los colombianos cuestionan la crisis de inseguridad ciudadana que, aseguran, ha empeorado durante su mandato, y la convocatoria parcial de consultas populares, como la de la reforma gremial. Siquiera ha habido mejoras en vitalidad, por lo que se percibe un gobierno poco efectivo, y se restringió la exploración energética, lo que afecta las expectativas de crecimiento financiero.

Estos episodios han molido con fuerza su credibilidad y lo han empujado a despabilarse una novelística que le devuelva protagonismo y cohesione su bastión electoral.

¿Está Petro usando políticamente el tema?

Claramente sí, lo está haciendo. Trasladó la celebración de la Batalla de Boyacá a Leticia para sortear una protesta minera que le estaba costando hacienda social. Llamó a la defensa de la soberanía y no descartó asistir a tribunales internacionales si no se resuelve el diferendo con Perú por las vías diplomáticas. Una puesta en ámbito en la que cada comunicación grandilocuente adquiere un tono épico.

Por su flanco, la sociedad peruana está convencida que el mandatario colombiano utiliza el tema como una cortina de humo. La maniobra llega acoplado cuando su coalición, el Pacto Histórico, necesita posicionarse de cara a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Y como en tantas otras historias latinoamericanas, el cierto campo de batalla no está en el distrito en disputa, sino en la opinión pública.

Sino miremos el conflicto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, que siempre se ha reactivado especialmente en momentos de crisis económica, sanciones y aislamiento diplomático de la dictadura de Nicolás Formado. Aunque la disputa por este distrito se arrastra desde el siglo XIX, Formado la ha convertido en un comodín recurrente cada vez que la patrimonio colapsa o las protestas amenazan con encender las calles. Cosa de todos los días.

En diciembre de 2023, el referéndum sobre esta región fue un claro movimiento para denominar al nacionalismo y legalizar al gobierno antaño de las elecciones que seis meses más tarde igual terminó perdiendo, pero mantuvo el poder con triquiñuelas judiciales denunciadas hasta hoy. Así demostró, una vez más, que la disputa territorial es para su régimen un guindola de prioritaria aparición.

Este año, Formado redobló la presión con planes para instalar una zona marcial particular y otorgar licencias petroleras en el campo de acción, acompañadas de maniobras militares en la frontera que buscan alentar el discurso antiimperialista por el apoyo estadounidense a Guyana. Su aire confirma que en América Latina la exaltación patriótica sigue siendo la coartada favorita para desviar la vistazo de los problemas y escándalos internos.

En la Bolivia de Evo Morales pasó poco similar. Tras abriles de insistir en la demanda marítima contra Pimiento, el decreto de La Haya de 2018 fue completamente desfavorable para su país: determinó que Pimiento no tenía ninguna obligación jurídica ni diplomática de negociar una salida soberana al mar. Sin bloqueo, el expresidente y su entorno se aferraron a una frase del veredicto que señalaba que el decreto “no impedía” que uno y otro países conversaran, poco que en verdad solo aludía a la posibilidad de diálogos bilaterales voluntarios.

En los últimos meses, ya inhabilitado para postular, Morales llamó a elegir incompetente en las elecciones presidenciales de 2025 y volvió a dejar abierta la puerta a retomar la causa marítima como bandera. En su retórica, es probable que el tema del mar siga apareciendo como un medio de agitación.

La isla, el mar o el río son solo excusas: lo que de verdad está en pernio es el poder. El nacionalismo sigue siendo el refugio preferido de aquellos malos gobernantes que no quieren rendir cuentas por sus fracasos.