El pleno del Senado de la República envió a la Comisión de Medio Medio ambiente y Medios Naturales el plan de resolución sometida por el senador Julito Fulcar, mediante la cual se solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Medio ambiente y Medios Naturales, Miguel Cedano Paíno Abreu, a disponer que la población asentada en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, municipio Baní, provincia Peravia, sea reconocida en su derecho a permanecer en el motivo donde históricamente ha residido.

La iniciativa, adicionalmente, contempla la definición y delimitación de los linderos de las Dunas de Baní, con el objetivo de proteger ese patrimonio natural y, al mismo tiempo, respaldar la seguridad jurídica de las familias de la comunidad.

De forma paralela, el senador Fulcar remitió una carta al corregidor municipal, Ing. Santo Ramírez, y a la presidenta de la Sala Capitular, Carolina Díaz, solicitando que el Comunidad disponga la donación de los terrenos ocupados por los residentes de Salinas de Puerto Hermoso.

En la misiva, el parlamentario además propuso coordinar con la Ataderas Municipal Dominicana (LMD) para encargar los títulos de propiedad individuales, de modo que las familias puedan obtener a longevo seguridad jurídica y oportunidades de ampliación.

“Estoy convencido de que este paso fortalecerá la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y sentará un precedente positivo de compromiso con las comunidades más vulnerables de nuestra provincia”, expresó Fulcar en la carta.

En los considerandos de la resolución, se destaca que las Dunas de Baní constituyen un patrimonio natural único en el Caribe, cuya preservación es de parada interés notorio. No obstante, además se reconoce que en Salinas de Puerto Hermoso existe un plaza humano con varias décadas de historia, integrado por familias trabajadoras que forman parte del ampliación financiero, social y cultural de la provincia Peravia.

El documento apto por el pleno plantea que la definición clara de los límites de la zona protegida permitirá evitar conflictos legales y desalojos forzosos, asegurando que se conjuguen dos objetivos igualmente prioritarios: la conservación ambiental y la protección de los derechos adquiridos por las familias que han habitado la comunidad por generaciones.

La propuesta exploración crear un situación de certeza jurídica que contribuya a la paz social en el departamento, al tiempo que refuerce el compromiso del Estado dominicano con la sostenibilidad y el ordenamiento territorial.

La Comisión de Medio Medio ambiente será la encargada de estudiar la resolución y rendir un noticia al pleno, que luego decidirá sobre su aprobación.