La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que en los últimos seis meses la voluntad de prensa en República Dominicana ha estado marcada por incertidumbre jurídica, tensiones institucionales y nuevas propuestas legislativas que podrían afectar el deporte del periodismo y la circulación de información en el país.

En su referencia más flamante, la SIP resalta el estancamiento de la reforma de la Ley 6132sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, actual desde 1962. Aunque el preliminares de ley fue cuidado por una comisión peculiar hace dos primaveras, todavía no ha sido remitido al Congreso Doméstico. La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutante mantiene el documento en estudio, y la descuido de avances pese a declaraciones del presidente Luis Abinader en marzo refleja, según el organismo, descuido de voluntad política o diferencias internas sobre el contenido.

La SIP incluso expresa preocupación por dos iniciativas legislativas sometidas recientemente por los diputados Bolívar Valera Y Amado Díazquienes propusieron regular a medios digitales, creadores de contenido e influencerslo que abre interrogantes sobre los límites que podrían imponerse a la voluntad de expresión en entornos digitales.

Otro ambiente de tensión se produjo tras declaraciones del presidente del Senado, Ricardo de los Santosquien sugirió la indigencia de promulgar sobre la difamaciónluego de que periodistas fueran acusados sin pruebas de estar vinculados a agencias extranjeras. La SIP considera que este tipo de planteamientos puede tener un finalidad inhibidor sobre la prensa y debe manejarse con cautela para evitar criminalizar la opinión.

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En el plano legal, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) rechazó en noviembre pasado una nueva política de protección de datos implementada por la Suprema Corte de Jurisprudencia (SCJ)al considerar que limitaba el entrada a información pública de carácter legal. Según el referencia, esta norma otorgaba discrecionalidad excesiva a los jueces para decidir como confidencial información secreto para investigaciones periodísticas. Actualmente, una comisión mixta entre la SCJ y la SDD trabaja en una nueva traducción del documento.

En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la controvertida Ley 1-24que creaba el Área Doméstico de Inteligencia (DNI). La norma fue ampliamente rechazada por medios y organizaciones de derechos humanos por otorgar facultades desproporcionadas a los agentes estatales, como confiscar datos o inquirir personas sin orden legal.

El referencia de la SIP incluso denuncia el incumplimiento sistemático de la Ley Común de Escapado Entrada a la Información Pública. Casos como el de la Autoridad Portuaria Dominicanaque se negó a entregar detalles sobre el arrendamiento de los Astilleros Navaleso Tirajeque no respondió a solicitudes del Listín Diario sobre clientes morosos, reflejan una resistor institucional a la transparencia.

La SIP concluye que, pese a ciertos avances, la voluntad de prensa en República Dominicana enfrenta serios desafíosy apasionamiento al Estado a respetar los principios constitucionales, asegurar el entrada a la información y evitar cualquier medida que pueda restringir el deporte independiente del periodismo.

Por: Itzel Olivo