Como parte de la Operación Antipulpoel Profesión Manifiesto obtuvo la homologación legislativo de un acuerdo de criterio de oportunidad mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, y un especie de sus empresas admiten su responsabilidad penal y autorizan el incautación de RD$2,000 millones en confianza del Estado dominicano.

El acuerdo fue validado por el magistrado Raymundo Mejíadel Primer Audiencia de la Instrucción del Distrito Doméstico, y presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Montilla deberá fertilizar adicionalmente RD$600 millones a las empresas estatales EdeEste, EdeSur y EdeNortecomo compensación por los perjuicios ocasionados. Asimismo entregará a la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII) una suma recto a RD$431.8 millones en deudas tributarias.

Como parte del acuerdo, autoriza el incautación de un circunscripción de 200.18 metros cuadrados enclavado en la Avenida Roberto Pastorizaen el Ensanche Naco, valorado en más de RD$50 millones.

Empresas serán disueltas

Montilla Sierra se compromete a disolver, en un plazo de dos primaveras, merienda empresas vinculadas al esquema fraudulento: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL; MG Solomon Corporation y otras entidades relacionadas.

Corrupción con camino privilegiado

Según el documento legislativo, Montilla utilizó estas empresas como vehículos societarios para obtener contratos públicos de guisa fraudulentaen violación a las normativas de compras y contrataciones del Estado.

El Profesión Manifiesto sostiene que, gracias a su cercanía con el poder político, Montilla tuvo camino a información privilegiadaincurrió en monopolio en el sector eléctrico, manipulación de plazos, sobornos a funcionarios públicos y otras prácticas destinadas a obtener ventajas indebidas en procesos de contratación estatal.

Criterio de oportunidad justificado

El acuerdo se fundamenta en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penalque permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos, cuando el imputado colabora eficazmente con la probidad.

Wilson Camacho, titular de la Dirección Común de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron positivamente la valor y afirmaron que este avance refuerza los esfuerzos del Profesión Manifiesto en la lucha contra la corrupción y la impunidad, liderada por la procuradora Nueva Berenice Reynoso.

Representación justo

Las empresas eléctricas fueron representadas por Cerso Marnanzinipresidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).

Maxy Montilla y sus compañías estuvieron asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez Y José Figueroa Guilamo.

Por: Yari Araujo