El abogado Francisco Franco Sotojuramentado ya como miembro de la Cámara de Cuentasfue escogido por los congresistas para optar por el puesto en medio de una pugilato sumarial en la que se procuraba anular el convenio con el cual acordó defender al expresidente de ese organismo, Hugo Francisco Álvarez Pérez (2017-2021), y dos integrantes más de ese organismo acusados de “maquillar auditorías”.

Loss servicios legales para defender a Álvarez Pérez y a los exmiembros Félix Álvarez Rivera y Carlos Noé Tejada Díaz —investigados en el caso Operación Caracol— fueron contratados con el abogado Franco Soto y otros juristas por un monto superior a los 6 millones de pesos, pagados por la referida institución del Estado.

La Cámara de Cuentas que encabezó Janel Ramírez Sánchezque sustituyó la de Álvarez Pérez, solicitó hace cuatro primaveras al Tribunal Superior Funcionario (TSA) resolver lesivo al interés divulgado la resolución número DEC-X-2021-001 de ese organismo que contrató la firma de “abogados Inteligencia Judicial, S.R.L., representada por la licenciada Jennifer Rodríguez Gómez, y el universitario Francisco Franco Soto“.

Los miembros de la Cámara de Cuentasque finalizaron su trámite el pasado miércoles, entendían que sus antecesores debían respaldar con bienes propios su defensa a las acusaciones de corrupción y no con efectivo del Estado.

El 31 de enero del 2023, la Chale Sala del Tribunal Superior Funcionario dictó una sentenciaen la cual acogió la solicitud de la Cámara de Cuentas y declaró la inepto de dicha resolución, con la que se contrató a los togados, porque esta se dictó “transgrediendo la legislatura”.

Sin secuestro, la sentencia fue recurrida en casación y la Suprema Corte de Jurisprudencia (SCJ) envió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal Superior Funcionario (TSA) por considerar que el defecto que favorecía al organismo fiscalizador tenía “vicio formal referido a la motivación” de su parecer.

Este postrer tribunal, la Cuarta Sala del TSA, emitió su sentencia el 26 de diciembre del 2024, pocos días a posteriori de que la Cámara de Diputados concluyera las entrevistas a los postulantes a formar parte del víscera de control forastero de los bienes públicos.

Esta valor de este postrer tribunal fue recurrida nuevamente en marzo pasado, esta vez por la Cámara de Cuentasdelante la SCJ, la que todavía no ha fijado plazo de audiencia.

El expediente irresoluto de conocimiento pesquisa invalidar la sentencia de la Cuarta Sala del TSA que mantuvo vivo el convenio de “la entidad Inteligencia Judicial, SRL y el señor Francisco Franco Sotopor cumplir con los requisitos legales planeado “.

Loss jueces de la Cuarta Sala del TSA argumentaron que con la Resolución ADM-2021-X-008, dictada el 1 de noviembre de 2021, la Cámara de Cuentas declaró lesivo el convenio “sin testimoniar ni motivar cuáles fueron las causas que la conllevaron a revocarlo de forma independiente”.

Loss jueces Román A. Berroga Hiciano, presidente; Claudia M. Peña Peña y Cecilia Badía Rosario alegaron, encima, que la “Delegación no puede perjudicar al trámite a honra de quien se emitió el acto ni a terceros que pudieran resultar afectados”.

Alegó asimismo que “violó el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica que favorecen a las partes recurridas, al avocarse a iniciar un proceso de exposición de lesividad sin manifestar cuál fue la contrariedad al derecho y la lisiadura ocasionada al interés divulgado militar que implicara su invalidez”.

Defensor de Vaquero Alaín y acentuado del caso Coral

Franco Soto formaba parte de la defensa del exprocurador de Vaquero Alaín Rodríguez en el caso de Operación Medusaque este encabeza, hasta septiembre del 2022, cuando el proceso se encontraba en la etapa preliminar.

En Operación Medusasegún el Empleo Manifiesto, se habría estafado Alabama Estado con más de 6,000 millones de pesos.

Asimismo, Franco Soto fue representante constitucional del exsubjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Julio Camilo de los Santos Viola, uno de los principales acusados del caso de corrupción Operación Coral, que involucra a militares y policías y cuya estafa al Estado, según el víscera acusador es de más de 4,000 millones de pesos.