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Recientemente fueron juzgadas y condenadas a penas mínimas, unas 13 personas implicadas en un entramado que operaba desde hacía muchos abriles en la Procuraduría Universal de la República (PGR), entre los que formaban parte, el fiscalizador del Distrito Doméstico, Luis Peña Cedeño, quienes se dedicaban a eliminar, borrar y alterar los registros de los referencias penales, beneficiando a cientos de criminales, narcotraficantes y violadores a cambio de grandes sobornos. Dicho entramado criminal fue desmantelado por medio de la Operación Eaparaván.
Con este manipular queda demostrada la vulnerabilidad y el poco control que se tiene en la pulvínulo de datos y en la infraestructura tecnológica de la PGR, del Tarea Manifiesto y de todo el Sistema Procesal dominicano, por el posible camino que se tiene a las informaciones judiciales confidenciales.
Este entramado criminal constituyó, no solo una amenaza y una violación a la Seguridad Jurídica y al Sistema de Rectitud Penal del país, sino, que permitió la distracción delante las autoridades de personas que se encontraban con procesos penales en los tribunales
El propio Tarea Manifiesto en su recriminación contra esta estructura criminal, denunció que la misma se dedicaba a borrar, eliminar y alterar los referencias penales para mejorar a sicarios, narcotraficantes, a violadores sexuales, a imputados de violencia de artículos, adulteración de bebida, actos de corrupción, secuestros, lavado de activos, entre otras violaciones.
Con estas acciones criminales, beneficiaron a miles de personas, incluyendo algunas que estaban cumpliendo hasta 30 abriles de prisión, para que aparecieran sin referencias penales en los registros de la PGR. Dichas acusaciones fueron aceptadas por los imputados.
Estas violaciones constituyen un crimen de lesa país, que debe ser castigado con penas máximas, pues han sido muchas las personas, incluyendo al propio Estado dominicano, que han resultado gravemente afectadas por sus actos delincuenciales y con sus flagrantes delitos.
Estas son de las razones que explican a una gran parte de la ciudadanía, cuando esta se pregunta, por qué tantos delincuentes, criminales, narcotraficantes, lavadores de activos y violadores, con pruebas contundentes en su contra, son puestas en facilidad con tantas facilidades.
A pesar de que el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Doméstico consideró como ejemplar esta condena, cubo la compostura de los daños causados al Sistema Procesal, al Estado dominicano y a tantas personas afectadas, consideramos que la misma ha sido muy benigna, simple y benévola.
La consideramos así porque al cabecilla de dicha red, lo condenaron a diez abriles de prisión, a varios salarios mínimos e inhabilitado a penas por cinco abriles para retornar a cultivar una función pública, lo que constituye un adefecio, pues perteneciendo al Sistema Procesal y siendo responsable de perseguir a los que delinquen, este señor se dedicó a cometer pegado a los demás miembros del entramado, a mejorar a miles de delincuentes a cambio de grandes sobornos.
Consideramos que los daños cometidos por este señor y por los demás miembros de esa red criminal, debieron ser considerados como una traición a la Pueblo; este debió ser inhabilitado de por vida para retornar a vivir una función pública y condenado a una pena máxima de 30 abriles, lo mismo con los que fueron condenados a prisión domiciliaria. En países con regímenes autoritarios, serian condenados a la pena renta.
Recomendamos vigorizar el sistema de seguridad de la pulvínulo de datos de la PGR y del Tarea Manifiesto para evitar la vulnerabilidad de las informaciones judiciales existentes en la presente en el sistema tecnológico, instalando un sistema de alerta y de Ciberseguridad; encima, incomunicar las llamadas desde los recintos carcelarios, eliminando dichos privilegios; igualmente se debe continuar con la investigación para dar con el paradero de los que lograron esquivar y rehuir a las autoridades, para que de nuevo sean sometidos a la movimiento de la equidad. Que así sea.
