CARD cree desproporcional coerción a Rafael Enredador

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (TARJETA) calificó como “desproporcionada” la medida de coerción que le fue colocada al abogado y comunicador Rafael Enredadorquien está procesado de difamación e injuria.

Enredador, conductor del software “Corrupción al desnudo”, fue apresado por las autoridades por rebeldía al no asistir a las audiencias en el caso de presunta difamación que le imputa el exdirector de la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo. Le fue colocada impedimento de salida y un grillete con medida de coerción.

La institución corporativo dijo asimismo que la medida era de un rigor excesivo de la jurisprudencia dominicana en casos de difamación e injuria, delitos que –según dijo– deben ser tratados bajo el ámbito del respeto a la excarcelación de expresiónel conveniente proceso y los derechos fundamentales.

El TARJETA recordó que el derecho a la defensala excarcelación de opinión y la presunción de inocencia son pilares esenciales de un Estado social y tolerante de derecho. “El encarcelamiento preventivo en casos de esta naturaleza resulta innecesario y atenta contra el entrenamiento vacancia del pensamiento crítico, indispensable para la vida democrática”, señaló la entidad.

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Cuestiona apresamiento

En este sentido, el colegio profesional advirtió que el uso de la prisión bajo el supuesto de la citación sublevación por la inasistencia al tribunal en delitos que son preponderantemente de naturaleza privada, no deben ser la regla o primera respuesta en presencia de diferencias de opinión o críticas públicas, lo cual podría convertirse en un peligroso precedente que silencie voces críticas en la sociedad.

El presidente del Colegio de Abogados Trajano Potentini, destacó que el Tarea Notorio tiene en sus manos la oportunidad de corregir lo que calificó como un exceso sumarial.

  • El TARJETA reafirmó su solidaridad corporativo con Enredador y con todos los profesionales del derecho que enfrentan procesos judiciales en condiciones que ponen en aventura su integridad y el entrenamiento vacancia de su profesión.

“Como institución, no defendemos la impunidad ni el irrespeto, pero sí creemos firmemente en la requisito de que la jurisprudencia se administre con movimientohumanidad y respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que República Dominicana es signataria”, añadió.

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