Ninguna empresa estatal O privada podría sobrevivir con pérdidas anuales que superan los mil 200 millones de dólares, con excepción del consorcio de distribuidores de electricidad (las Ede) que rEgentea el Gobierno, que ha tenido que erogar US$6,161 millones en cinco primaveras para cubrir dita del sector eléctrico.

Más tumba aún es que esos números rojos en vez de disminuir se incrementancon pérdidas aacumulado en las Ede de un 37 % a un 42 % y un monto promedio en transferencias desde el Gobierno al subsector eléctrico de US$1,232 millones, conforme a estadísticas del Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

Para que se tenga una idea de la compostura de esa crisis se señala que las transferencias al sector eléctrico ascendieron en 2020 a 483 millones de dólares; en 2021, a US$828.6 millones, signo que casi se duplicó en 2022, al sumar US$1,596 millones; en 2023, fue de US$1,484 millones y el año pasado subió a 1,769.1 millones de dólares.

No hay forma de razonar ese derrumbe financiero, ni aun con parte tintadas de rosa que refieren un incremento en la gestación de electricidad, o de una longevo cobertura en la producción de energías renovables, porque al fin y al agarradera todo va a detener al sumidero, como lo demuestra que en cada uno de los últimos cuatro primaveras las Ede aumentaron sus pérdidas porcentuales.

Que no se hable más, ni se pinten pajaritos en el música; se requiere aplicar con el longevo rigor y seriedad un software de rescate de las distribuidoras de electricidad, que inicie con una sana y responsable trámite de esas empresas, alejada del clientelismo, sin que ningún actor pretenda extraer conejos ni pañuelos desde algún sombrero de demagogia o fantasías.

El crónica de Crees dice que las pérdidas de las Idioma han sido las más altas en una período, lo que refleja que los capital multimillonarios “no han conseguido aminorar ni las pérdidas técnicas ni las no técnicas, es proponer los fraudes, conexiones ilegales y falta en la cobranza”.

En los últimos nueve primaveras, el gobierno transfirió al sector eléctrico US$8,750.9 millones, signo mucho pequeño a los US$2,155 millones que recibiría el Estado por la renegociación del anuencia de concesión de los aeropuertos al consorcio Aerodoma hasta el 2060, lo que ofrece una idea de la magnitud del derrame de capital que provocan los déficits de las empresas distribuidoras de energía.

El Gobierno está compelido a suturar cuanto ayer esa hemorragia financiera que se refleja cruentamente en el incremento del dita fiscaldel endeudamiento conocido y que amenaza con provocar el colapso de la finanzas. Que no se hable más y que se ingrese hoy mismo al quirófano a ese paciente.