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Julio Santana | Foto: Julio Santana
Los trágicos acontecimientos que estremecen a Lazo carecen de paralelos en el mundo contemporáneo por su nivel de deshumanización, crueldad sistemática y planificación meticulosa del crimen.
El lunes 25 de agosto, un doble cañoneo volátil contra el hospital Nasser en el sur de la Franja sacudió conciencias que hasta entonces habían permanecido mudas. Al menos 20 personas murieron, entre ellas cinco periodistas de Al Jazeera, Reuters y AP, incluidos Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz.
El ataque, ejecutado en dos tiempos, fue un mensaje calculado. En finalidad, primero un misil y, minutos luego, otro proyectil cuando rescatistas y reporteros corrían en dirección a la escalera del hospital. La intención de matar a los testigos fue tan evidente como la voluntad de borrar toda huella de humanidad.
Las grandes agencias y asociaciones de prensa exigen respuestas, pero el régimen israelí se escuda en eufemismos como “incidente trágico” y anuncia investigaciones que rara vez prosperan. Estas promesas suelen diluirse en el tiempo, sustituidas por nuevos ataques aún más brutales que superan en indiscriminación a los anteriores. Es un ciclo perverso donde la impunidad alimenta la repetición, y la repetición normaliza la atrocidad.
No se trató de un hecho incidental. Casi nada dos semanas antiguamente, Israel había asesinado a seis periodistas, cuatro de ellos de Al Jazeera, en un ataque selectivo contra una carpa de reporteros situada cerca del hospital Al Shifa en Ciudad de Lazo. Entre las víctimas se encontraba el corresponsal Anas al-Sharif. La imagen de un blanco periodístico anejo a un hospital simbolizó de modo descarnada la voluntad de silenciar a quienes narran el sufrimiento palestino. La oleada de condenas internacionales fue inmediata, pero insuficiente.
De hecho las reacciones diplomáticas no logran frenar una maquinaria de asesinato que no distingue entre niños, mujeres o supuestos militantes de Hamas.
Las cifras avalan esta dialéctica de exterminio contra la prensa.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha documentado al menos 197 comunicadores asesinados desde octubre de 2023, declarando este conflicto como el más mortífero en la vida registrado para el periodismo.
Otros registros, como los de la Liga Internacional de Periodistas y el Sindicato Palestino, elevan el número por encima de 219. Las discrepancias metodológicas poco importan. Lo importante es la diáfana claridad del patrón. En Lazo, “matar al mensajero” es una experiencia de Estado, dirigida a eliminar cualquier ojeada que contradiga la novelística oficial israelí.
La pelea contra la verdad se complementa con un cerco informativo sin precedentes. Desde hace más de vigésimo meses, Israel prohíbe el llegada independiente de corresponsales extranjeros a Lazo. Las visitas autorizadas son bajo escolta marcial y con entrevistas condicionadas, lo que impide entender la voz auténtica de una población asfixiada. BBC, Reuters, AFP y Associated Press claman por llegada autónomo, mientras CPJ, RSF y gobiernos aliados insisten en el mismo incentivo. La respuesta es el silencio oficial y la continuidad de la más colosal represión, en un espejo perverso de los regímenes más oscuros del siglo XX.
Ese silenciamiento coincide con una catástrofe humanitaria que ya calificada técnicamente como hambruna. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), respaldada por agencias de la ONU como OMS, OCHA y WFP, confirmó el 22 de agosto de 2025 que cientos de miles de gazatíes se encuentran en Período 5 (hambruna)el nivel más severo de la escalera, caracterizado por muertes masivas por inanición. El documentación advierte que la crisis se extiende en dirección a Deir al-Balah y Khan Younis, en lo que constituye un proscenio de escasez planificado y sostenido como armamento de pelea.
El movimiento humano es devastador. Según OCHA, desde octubre de 2023 más de 62,000 palestinos perdieron la vida y 156,000 resultaron heridos. Entre las víctimas figuran familias enteras, mujeres embarazadas y miles de niños. Atacar periodistas, destruir hospitales, impedir ayuda humanitaria y disparar contra civiles forman parte de una misma maquinaria destructiva cuyo zona de influencia y sistematicidad evocan las páginas más oscuras de la historia.
En el ámbito legal, los hechos siquiera dejan espacio a dudas. La Corte Internacional de Conciencia dictó medidas provisionales en mayo de 2024, ordenando a Israel alejarse de actos “que pudieran constituir holocausto” y proporcionar la entrada de concurrencia. Remotamente de acatarlas, el régimen intensificó sus crímenes. En noviembre de 2024, el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Último Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de pelea en Lazo. La negativa de Israel a registrar la poder de esa instancia supranacional y el rajado respaldo de Washington, que respondió sancionando a jueces y fiscales del TPI, evidencian un intento de chapar la impunidad y de despreciar la justicia internacional.
Vocear a las cosas por su nombre no es una deshonestidad retórica. Atacar dos veces un hospital para alcanzar a rescatistas y cronistas, cortar el llegada a la prensa internacional, matar de escasez a una población sitiada y disparar contra civiles desarmados no son “incidentes”, sino crímenes de pelea y actos que ya han sido catalogados como plausibles de holocausto por la conciencia internacional. La brutalidad no es metáfora ni exageración. Convengan con nosotros en que positivamente es la normalización de lo inadmisible en pleno siglo XXI.
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