La audiencia pública realizada por la Agrupación Central Electoral (JCE) para conocer observaciones al dechado del reglamento de la Ley 4-23 abre un espacio valioso de décimo ciudadana, pero igualmente nos recuerda la magnitud del desafío institucional que enfrentamos: modificar, desde sus cimientos, el sistema de registro civil en la República Dominicana.

La Ley 4-23, aprobada en 2023, representa un esfuerzo por modernizar el situación forense que rige los actos del estado civil. Sin incautación, su serio impacto dependerá de la calidad de su reglamentación y de la capacidad institucional para traducir la norma en derechos garantizados. No puntada con tener una ley aceptablemente escrita; hace desatiendo un reglamento que clausura brechas y corrija inercias.

Distante de la verdad

El coetáneo dechado plantea avances importantes, pero aún se percibe distante de la verdad cotidiana de quienes enfrentan, por ejemplo, la corrección de un error en un memoria, la inscripción de un origen en zonas rurales o la búsqueda de un servicio oportuno y digno. Es necesario que el reglamento incorpore principios de trazabilidad, plazos obligatorios, simplificación de trámites y una profunda inclinación por la atención ciudadana.

Es importante destacar que la Ley 4-23 fue concebida para modernizar y humanizar los servicios vinculados al estado civil de las personas. No se prostitución de un simple ajuste normativo, sino de una oportunidad efectivo para avalar el derecho a la identidad, eliminar trámites engorrosos, y devolver confianza a un sistema históricamente percibido como pausado.

La digitalización debe ser parte central del proceso, pero acompañada de políticas de inclusión que eviten que la tecnología se convierta en una nueva barrera. Igualmente, urge articular el sistema registral con otras instituciones del Estado, para evitar duplicidades y saludar respuestas más coherentes y eficientes.

Estamos en presencia de una oportunidad histórica. La reglamentación de la Ley 4-23 no debe hallarse como un trámite burócrata, sino como una aparejo para avalar que ningún dominicano o dominicana quede sin identidad, sin nombre y sin derechos. Esa debe ser la meta de este Registro Civil 2.0 que esperamos construir.

Jpm-am