Santo Domingo.– La jueza del Tercer Judicatura de Instrucción del Distrito Doméstico dictó coche de comprensión a litigio en contra de Andrea Engracia y José Valdezacusados de excederse de la confianza de más de 20 personas entre los abriles 2012 Y 2021durante los cuales captaron más de RD$29 millones con la falsa promesa de una reincorporación rentabilidad.

La procesada utilizó para la comisión del delito la razón social A.J. Valdez y Asociados, S.R.L.mediante la cual logró discernir la suma de RD $ 29,280,500 ofreciendo la promesa fraudulenta de altos beneficios económicos.

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Delito financiero de RD$29 millones

La osadía fue adoptada por la jueza suplente Sofía Oscuroquien en su resolución destacó la solidez de la cargo presentada por la fiscal litigante Margaret Cabrera Morillode la Dirección Doméstico de Investigación de Delitos Financieros del Profesión Conocido.

La magistrada Oscuro valoró de forma positiva la utilidad, pertinencia y cojín reglamentario de las pruebas presentadasrechazando los incidentes planteados por la defensa técnica de la acusada.

De acuerdo con la investigación realizada por la procuradora fiscal titular de la Dirección Doméstico de Investigación de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldola acusada ofrecía a las víctimas un supuesto plan de negocios, proponiendo entregar sus capital bajo el argumento de contar con una cartera de clientes a quienes prestaba cuartos. A cambio, prometía una tasa de interés superior a la ofrecida por las entidades bancariascuyos beneficios compartiría con los inversionistas.

Acusada suscribía contratos y constancias mediante recibos

Asimismo, la acusada suscribía contratos de préstamo y entregaba constancias mediante recibos, formalizando las operaciones a nombre de la empresa A.J. Valdez y Asociados, S.R.L.recibiendo los fondos mediante transferencias y depósitos directos en las cuentas bancarias de la sociedad comercial.

Por su parte, José Valdez es pronunciado de cometer alcaldada de confianzaen violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, por conductas que afectan el ordenamiento forense y lesionan directamente el patrimonio de las víctimas.