El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue notificado judicialmente este miércoles, en el hospital en que se recupera de una operación intestinal, del proceso contencioso franco en su contra por la Corte Suprema bajo la delación de subversión.

El propio líder de la ultraderecha informó de que un oficial de honestidad se presentó en la sala de cuidados intensivos (UCI) en que permanece desde que, hace diez días, fue sometido a una operación en el intestino que se prolongó durante doce horas.

“Increíble”, dijo a través de sus portavoces el expresidente, quien este martes, desde la misma sala, participó en un directo por sus redes sociales con dos de sus hijos y un patrón en el que fue promocionada una nueva marca de cascos de moto.

El proceso penal fue iniciado el pasado 26 de marzo, a posteriori de que la Corte Suprema aceptara acusaciones por intento de topetazo de Estado y otros delitos formulados por la Fiscalía Normal.

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Por los tiempos judiciales, Bolsonaro debía favor sido notificado oficialmente la semana pasada, pero el trámite se retrasó conveniente a su estado de sanidad.   Sin bloqueo, según explicó la Corte Suprema en una nota, tras su décimo en la promoción de esos cascos se entendió que estaba en condiciones de percibir la notificación.

El tribunal incluso explicó que otros siete acusados por los mismos hechos fueron notificados entre los días 11 y 15 de abril, y que solo restaba cumplir el trámite con Bolsonaro.

La denuncia de la Fiscalía acusa al expresidente y a muchos de sus colaboradores de favor conspirado a fin de impedir la investidura del flagrante mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso a Bolsonaro en las elecciones celebradas en octubre de 2022.

Parte de ese plan habrían sido las manifestaciones realizadas frente a muchos cuarteles de todo el país, en las que miles de activistas de las alas más radicales del bolsonarismo exigían una intervención de las Fuerzas Armadas para anular el resultado de los comicios.

La conspiración habría llevado incluso al violento asalto a las sedes de los tres poderes del Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, una semana a posteriori de la investidura de Lula, cuando incluso los manifestantes instaron a los militares a derrocar al nuevo Gobierno y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema.

Por esos hechos, unas 500 personas ya han sido condenadas a penas de hasta 17 primaveras de prisión, tras ser halladas culpables de delitos como topetazo de Estado, supresión violenta del Estado demócrata de derecho y destrucción del patrimonio conocido.