Santo Domingo. – La Procuraduría Genérico de la República y la Oficina Doméstico de Defensa Pública sostuvieron un conferencia con fiscales titulares y coordinadores defensores de todo el país, en el que consensuaron criterios para mejorar la aplicación de los acuerdos penales y las medidas de coerción.

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Durante la reunión, ambas instituciones coincidieron en que una encargo responsable de los acuerdos puede sujetar significativamente los tiempos de tramitación, los costos procesales y la revictimización, siempre que se garantice información suficiente, información técnica de calidad y control legislativo efectivo en cada etapa del proceso.

La procuradora genérico Yeni Berenice Reynoso destacó la importancia de averiguar un inmovilidad entre la reinserción social del imputado y la reparación del daño causado a la víctima, asegurando que los acuerdos deben cumplir una doble función adentro del sistema penal.

Por su parte, el director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, valoró positivamente el diálogo, señalando que el país debe avanzar en torno a un longevo uso de estos mecanismos, como ocurre en otras naciones de la región donde han mostrado resultados positivos en eficiencia y descongestionamiento carcelario.

Durante el conferencia, fiscales y defensores compartieron experiencias y buenas prácticas que permitirán reforzar los mecanismos de neutralidad penal y promover criterios más equitativos en la aplicación de medidas coercitivas.

Las autoridades incluso abordaron la exigencia de uniformar los criterios sobre fianzas y prisión preventiva, tomando en cuenta el peligro de fuga, la obstrucción del proceso y el principio de proporcionalidad, reforzando la presunción de inocencia y la mínima intervención.

Actualmente, la República Dominicana presenta un bajo nivel de acuerdos penales. En 2022, solo el 1.05% de los casos cerrados por la Defensa Pública se resolvieron mediante acuerdos, una emblema muy por debajo de países como Estados Unidos (97.1%), México (68.7%) y Colombia (41.4%).