ztevenreal
@Abrilpenaabreu
En el país quedó documentado, con pruebas en mano, que a más de 240 mil usuarios de EDEESTE se les cobró de más para “maquillar” la herido cobranza de la empresa. No se trató de un rumor ni de una sospecha: fue un mensaje técnico interno que se filtró y ponía en blanco y sable una maña abusiva contra la familia.
Lo más agonizante no es solo la estafa, sino la indolencia institucional. Ni la Superintendencia de Electricidad ni PROTECOM reaccionaron con la contundencia que el caso ameritaba. El tiempo jugó a privanza de los responsables, hasta que, con los abriles, el incumbente fue destituido. Una salida administrativa tardía que en mínimo resarce a las familias que vieron sus bolsillos golpeados.
Hoy, cuando Celso Marranzini confirma públicamente lo que aquel documento ya advertía y anuncia sometimientos judiciales, la nueva llega con un sabor agridulce. Por fin cierto parece pensar en el usufructuario, pero… ¿de qué sirve la razón tardía? ¿Quién devuelve lo perdido?
La pregunta no es solo si EDEESTE cobraba de más, sino por qué fallaron y callaron los órganos de control. ¿Para qué sirve PROTECOM si, frente a un fraude masivo, se limitó a detener quejas? ¿Para qué sirve una Superintendencia si, con un mensaje sobre la mesa, esperó a que el tiempo borrara responsabilidades?
El país necesita que este caso marque un ayer y un luego:
Que se indemnice a los usuarios afectados.
Que se sienten precedentes judiciales.
Que se fortalezca la supervisión del sector eléctrico.
Porque si no, todo quedará en lo mismo: titulares escandalosos, un destituido de turno y una ciudadanía condenada a enriquecer la nota más cara de todas, la de la impunidad.
