Por Felipe Collado

La conflicto arancelaria del Presidente de Trump podría resistir a República Dominicana, si algún impuesto particular a los servicios digitales llega a materializarse. Esto es lo se puede interpretar de la orden ejecutiva firmada por el presidente del Gobierno norteamericano, en la que advierte de la imposición de aranceles a aquellos Estados que establezcan tasas o impuestos a las empresas de EE.UU. que brinden servicios digitales de forma extraterritorial.

No todo estaba dicho. Antaño de esta orden, la Casa Blanca emitió un memorándum en el que se afirma que el acuerdo entero sobre el impuesto intrascendente corporativo a estos servicios atrapado en el entorno de la OCDE“no tenía fuerza ni huella” en Estados Unidos, el cual creaba ciertas condiciones para este tipo de impuesto que afecta a las empresas norteamericanas.

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En ese memorándum se argumenta que dicho acuerdo “no sólo permite la facultad extraterritorial sobre los ingresos estadounidenses, sino, que asimismo limita la capacidad de nuestra nación para promulgar políticas fiscales que favorezcan los intereses de las empresas y los trabajadores estadounidenses”. En ese mismo orden, se declara el retiro de Estados Unidos del acuerdo, el cual se había departamento con 140 países durante la administración del expresidente Biden.

Todo esto se veía venir, pues ayer de estas últimas medidas, en la casa Blanca de Trump había ostensible que solo Estados Unidos debería tener permitido gravitar a las empresas estadounidenses. Y desde mucho ayer asimismo, cuando en su primera administración se había criticado estas medidas fiscales perjudiciales a las empresas americanas y ordenada una investigación de la sección 301, sobre Impuestos a Servicios Digitales, producto de la cual se impusieron aranceles adicionales sobre ciertos acervo provenientes de países que establecieron impuestos a esos servicios proveídos por empresas norteamericanas, aunque luego fueron suspendidos. En esa investigación se había concluido que los impuestos “discriminaban a las empresas digitales estadounidenses, eran incompatibles con los principios de la tributación internacional y suponían una carga para las empresas estadounidenses”.

La amenaza de estos aranceles de retaliación debería disuadir a las autoridades fiscales dominicanas de imponer alguna carga tributaria adicional contra empresas estadounidenses que brinden servicios digitales en el país, sin ayer, por lo menos, compulsar el repercusión de la medida, en relación a cualquier iniciativa reglamentaria o legislativa del Ejecutante dominicano que tenga por objeto establecer algún tipo de tributo sobre servicios digitales que afecten a empresas tecnológicas estadounidenses.