Remisión Internacional (AI) ha instado al gobierno dominicano a cesar inmediatamente sus expulsiones masivas de los haitianos y a derogar un protocolo recientemente implementado que vincula el acercamiento a los servicios de lozanía con la deportación. El lunes efectivo, los inspectores y agentes de inmigración comenzaron a confirmar la identificación de los pacientes, las cartas de trabajo, la prueba de residencia y el estado de cuota en 33 de los 15 hospitales designados. Aquellos que no pueden cumplir reciben atención pero son deportados una vez médicamente estables.

El primer día, 87 mujeres haitianas embarazadas o trabajadoras fueron detenidas bajo esta política, parte del paquete del presidente Luis Abinader del 6 de abril de 15 medidas dirigidas a la inmigración irregular. Abinader había listo a los haitianos indocumentados que “se vayan voluntariamente” o enfrentaran repatriación.

Ana Piquer, directora de AI de América, condenó el sistema como una violación del derecho a la lozanía, deshumanizando a los migrantes y disuadiéndolos de agenciárselas atención. En cambio, llamó al gobierno que combate la discriminación étnico, garantice la protección internacional para los necesitados y defienda un entorno soberano de estigma.

AI además destacó que estas medidas influyen las obligaciones internacionales de la República Dominicana y su respaldo constitucional de atención médica universal soberano. Desde octubre de 2024, han ocurrido más de 180,000 deportaciones, en gran medida de los haitianos,, que equivalen a expulsiones colectivas prohibidas según el derecho internacional. La gracia pidió a los dominicanos que rechacen lo que ardor las políticas “crueles y racistas”.