La Dirección Normal de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este lunes que suspendió de oficio 38 Registros de Proveedores del Estado (RPE) correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, por encontrarse internamente del régimen de inhabilidades previsto en el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Entre los registros suspendidos mediante la resolución núm. DGCP44-2025-002579 figuran ministros, viceministros, directores, subdirectores, consultores jurídicos, intendentes, alcaldes y regidores, que están legalmente impedidos para ser oferentes o suplir capital, obras o servicios a instituciones del Estado, conforme lo establece la norma actual.

La medida, es el resultado de un cruce sistemático de información realizado por los departamentos de Comprobación y Dirección de Proveedores, según un comunicado.

El víscera rector afirmó que estas suspensiones son medidas preventivas adoptadas para certificar la integridad del Registro de Proveedores del Estado y forman parte de los cruces de información que se realizan de guisa regular, con el objetivo de precaver posibles conflictos de interés y blindar el control en los procesos de contratación pública.

En ese sentido, el director universal de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reiteró que esta medida no constituye una pena administrativa, sino una hecho preventiva orientada a proteger la integridad del sistema de compras públicas y consolidar el cumplimiento del ámbito normativo.

“La detección oportuna y la respuesta institucional delante situaciones que puedan comprometer la transparencia son pilares fundamentales en la bordado de vigilancia que ejerce la DGCP en cumplimiento de su mandato judicial”, subrayó Pimentel.

Los registros fueron suspendidos en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), como establece el acto burócrata correspondiente.

La DGCP informó que, durante la presente dirección, se han suspendido 567 registros de proveedores, en precioso cumplimiento del artículo 14 de la Ley 340-06, reforzando así el compromiso institucional con la licitud, la ética pública y la lucha contra los conflictos de interés.