Santo Domingo.- La ordenamiento Gracia Internacional (AI) pidió este miércoles al Gobierno de la República Dominicana poner fin “de inmediato” a las expulsiones colectivas de haitianos y derogar el protocolo que vincula el comunicación a servicios de salubridad con la deportaciónn, que se comenzó a aplicarse el lunes como parte de unas medidas puesta en marcha por el país frente a la inmigración irregular desde el vecino Haití.

Un total de 87 embarazadas y parturientas haitianas fueron detenidas en hospitales en el primer día de la implementación en 33 hospitales de esta medida, una de un total de 15 anunciadas el 6 de este mes por el presidente del país, Luis Abinader, para indisponer la inmigración haitiana.

Conforme al protocolo establecido, inspectores y agentes migratorios verificarán en los hospitales que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio en el país y cubran el costo de los servicios recibidos.

Puedes observar: Haitianos ilegales serán repatriados tras cobrar atención en hospitales públicos

En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados, como anunció Abinader el 6 de abril en un mensaje a la nación, en el que recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en República Dominicana “marcharse voluntariamente” o, de lo contrario, “serán buscados y repatriados».

La implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras cobrar atención médica “no solo viola el derecho a la salubridad, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de venir a hospitales, poniendo vidas en peligro”, dijo en un comunicado la directora de Gracia Internacional para las Américas, Ana Piquer.

En su punto, el Gobierno de Abinader “debe adoptar medidas concretas contra la discriminación étnico, respaldar el comunicación a protección internacional para las personas necesitadas y estabilizar un entorno rescatado de estigmatización”, afirmó.

Las medidas “acentúan el desafío del Gobierno a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y las recomendaciones de derechos humanos emitidas al país por parte de organismos internacionales”, añadió.

Encima, “violan el propio principio constitucional de la República Dominicana sobre comunicación de balde y universal a la salubridad, institucionalizando la discriminación contra todas las personas migrantes, pero más directamente a las personas haitianas sin documentación, solicitantes de orfelinato, personas en situación de apatridia y personas dominicanas de ascendencia haitiana».

Desde octubre de 2024, se han ejecutado más de 180.000 deportacionesque constituyen prácticas de expulsión colectiva prohibidas por el derecho internacional, de acuerdo con la ordenamiento internacional, que llamó a la población dominicana “a recusar estas medidas crueles y racistas».

En octubre pasado, Abinader ordenó la deportación masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semanalo que afecta en su praxis totalidad a los haitianos, pese a los llamamientos de organizaciones y organismos internacionales para que no se lleven a sitio devoluciones a un país donde en 2024 más de 5.600 personas murieron a causa de la violencia.