En materia de seguridad franquista, las amenazas más graves no siempre llegan con botas ni vestidas con uniformes. En pleno siglo XXI, igualmente pueden irrumpir discretamente, camufladas en un arreglo firmado, respaldadas por un despliegue logístico preciso y envueltas en un discurso seductor de “restaurar el orden”. Ese es, precisamente, el círculo que se abre con el anuncio de que Erik Prince, fundador de la polémica empresa marcial privada Blackwater, desplegará en Haití una fuerza armada privada durante los próximos diez primaveras, con la doble delegación de combatir pandillas y admitir la colecta de impuestos, incluso sobre las mercancías que cruzan desde la República Dominicana.
Para algunos, esta comunicación podría interpretarse como un paso necesario para estabilizar a nuestro vecino. Sin retención, quienes analizamos la seguridad con visión estratégica sabemos que este movimiento toca fibras muy sensibles y debe evaluarse con cuidado, pues afecta directamente nuestra soberanía, nuestra seguridad fronteriza y, en última instancia, nuestra estabilidad interna.
La República Dominicana y Haití comparten kilómetros de frontera terrenal, y esa límite no es solo geográfica: es un espacio financiero, social y político en el que confluyen comercio, migración y seguridad en un delicado invariabilidad que cualquier sobresalto puede romper.
En este contexto, la fragilidad institucional haitiana convierte a su zona en un espacio en extremo débil. Si a eso sumamos la instalación de un actor armado con amplia capacidad operativa —y peor aún, de carácter PRIVADO —, el aventura de que se altere el invariabilidad es más que evidente.
Una compañía marcial privada (CMP) no contesta a parlamentos ni a ciudadanos; obedece a intereses corporativos y a su propia razonamiento estratégica. Esto significa que, si sus objetivos entran en conflicto con los nuestros, no existirán canales diplomáticos efectivos para moderar sus acciones, lo que deja a nuestro país en una posición de maduro vulnerabilidad frente a decisiones unilaterales.
El aventura se amplifica cuando se considera que la colecta de impuestos en frontera no es un simple trámite chupatintas, sino una función esencial de la soberanía franquista. Si una CMP en el banda haitiano asume esa función sobre productos procedentes de nuestro país, el comercio transfronterizo quedará condicionado por criterios privados, al beneficio de cualquier acuerdo doble razonable.
En materia de seguridad, quien controla las aduanas no solo regula el flujo de mercancías, sino que igualmente maneja información crítica: rutas logísticas, volúmenes de intercambio y, en algunos casos, movimientos de personas y acervo estratégicos. Cuando se Ceder ese control, aunque sea en zona extranjero, impacta directamente nuestra capacidad para anticipar y contrarrestar amenazas.
Delante este círculo, es imprescindible que la República Dominicana actúe con visión preventiva y no reactiva. Resulta prioritario que se convoque el Consejo de Seguridad y Defensa Doméstico para evaluar los alcances de esta situación, diseñar medidas de protección de la soberanía y coordinar acciones diplomáticas y de inteligencia que garanticen que ninguna fuerza extranjera, pública o privada, pueda incidir de forma negativa en nuestros intereses estratégicos.
Algunos defenderán esta medida alegando que cualquier acto que reduzca el poder de las pandillas haitianas favorece a la República Dominicana. No obstante, la experiencia internacional demuestra que las CMP, una vez instaladas en territorios inestables, rara vez se limitan a su mandato auténtico. Suelen prolongar su permanencia, ampliar sus funciones y, con frecuencia, priorizar intereses que poco tienen que ver con la paz o la estabilidad regional. En otras palabras, lo que hoy se presenta como una operación para contener la violencia puede transformarse mañana en un útil de presión política, económica o incluso marcial sobre nuestro país.
Por todo ello, este no es un tema para la la prórroga, corresponde convocar de inmediato el Consejo de Seguridad y Defensa Doméstico para evaluar escenarios, detallar reglas de conducta en la franja fronteriza, aumentar capacidades de inteligencia, vigilancia y examen, coordinar una límite diplomática con aliados y organismos multilaterales, y proteger de forma integral nuestro comercio y nuestra soberanía fiscal.
Anticiparse es proteger






