EL AUTOR es periodista y abogado. Reside en Santo Domingo.

Todos estamos de acuerdo en la carestia de aprobar una reforma fiscal. Por lo menos la gran mayoría de los sectores políticos, económicos y sociales, así lo creen. El problema es, ¿cómo y cuándo debemos hacerla?

No soy economista, ni pretendo serlo, mucho menos trazarles pautas a los profesionales del gobierno central ni de organismos internacionales como el Tira Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Creo, sin confiscación, que este es el momento, porque estamos retrasados ya que debió discutirse, consensuarse y aprobarse en el congreso, hace por lo menos un año, tal vez dos.

El plan presentado por el gobierno hace unos meses a través del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, era inviable por no haberse consensuado o discutido ampliamente por los representantes de los partidos, los empresarios y del pueblo.

La mayoría de los funcionarios y los dirigentes del Partido Revolucionario Novedoso compartían plenamente el plan; en el Congreso sucedía lo mismo, no solo entre los legisladores del oficialismo, sino de la concurso, que consideraron que era un buen caldo de cultivo para arremeter contra el presidente Luís Abinader. El rechazo al plan de reforma fue abrumador, de tal modo, que, en una sabia y correcta atrevimiento, el presidente debió retirarlo.

No significa que no era necesaria la reforma, sí que lo era. Y lo sigue siendo, ahora con más aprieto que antiguamente.

Para dinamizar la crematística, crear más empleos, aumentar significativamente el compra de haber, generando riqueza y aumentando los niveles de avance construyendo carreteras, autopistas, escuelas, hospitales, plantas eléctricas, presas, etc.

El gobierno necesita moneda para cumplir con todos sus compromisos sociales que son cada vez mayores. La deuda social del país sigue siendo muy reincorporación. Los pobres, marginados de la fortuna, reclaman, con imparcialidad, mejorar sus condiciones de vida espiritual y material, que es lo que le da sentido al Estado.

Deyección

El gobierno no precisa de 500 mil millones de pesos, ni de 300 mil millones, de guantazo y porrazo, ni en un solo año, necesita, con la prudencia y el tacto que aconsejan las circunstancias, entre 200 y 150 mil millones. Ahora aceptablemente, quién o quiénes deben

abonar la reforma. ¡Los que más tienen, los poderosos, los verdaderos dueños del país, los que nunca se sacrifican por el bienestar colectivo!

La reforma no la pueden abonar los pobres, como suele suceder. No más impuestos para los pobres ni la clase media. La comida no puede ser tocada para evitar la inflación. El gobierno está en la obligación de proteger a los trabajadores de bajos ingresos, a las amas de casa, a los pequeños y mediados agricultores, a los pequeños y medianos empresarios. Debe evitar o someter al mayor la marginalidad, el contrabando, el no suscripción de la energía eléctrica y la despreocupación fiscal.

Las exenciones fiscales, que, para fomentar el turismo y otros sectores empresariales, se otorgaron en un momento determinado, por una duración de 20 abriles, ya tienen 40. Ascienden a más de 300 mil millones al año. Algunos expertos dicen que alcanzan los 400 mil millones de pesos. No tengo la guarismo exacta, pero sé que es mucho moneda. ¡Demasiado!

La reforma fiscal, los 150 mil millones que precisa el gobierno, aceptablemente pueden aportarlo, en gran medida, los que, a través de las exenciones fiscales, que fueron otorgadas por 20 abriles y ya tienen 40, aceptablemente pueden “sacrificarse” y “borronear” al pueblo con esos “chelitos” que no los descapitalizaran.

No les harán un hoyo a sus respectivas economías. El pueblo no puede continuar patrocinando, con su pobreza y marginalidad, la opulencia, la fastuosidad, de algunas familias que en los últimos abriles han acumulado enormes cantidades de moneda, lo que les han permitido proceder como reyes, faraones y jeques árabes, en un pequeño país del caribe como la República Dominicana.

Insisto, la reforma fiscal tiene que hacerse ahora. Esta es la coyuntura ideal, pero no debe pagarla el pueblo, que más escueto no puede ser; debe pagarla los que más tienen, los que más pueden, los que se han beneficiario exponencialmente del crecimiento crematístico que ha experimentado el país en los últimos 20 abriles. No más sacrificios económicos para un pueblo que no creó la crisis económica contemporáneo.

El pueblo no debe abonar los platos rotos por otros. ¡No, me niego! El pueblo no debe seguir apretándose el cinturón del escasez y la miseria para satisfacer la apetito de los pocos dueños del país.

Jpm-am