Trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de existencia avanzadilla en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban capital. En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una existencia promedio de 84 abriles, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los US$5 millones.

Según los documentos de inculpación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” en la República Dominicana que engañaba a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban capital. Una vez obtenían el capital, supuestamente lo lavaban y enviaban de dorso a la República Dominicana.

Se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en el país, empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”. Estas estafas comenzaban con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose sobrevenir por un nieto o nieta que había tenido un incidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda indicación, haciéndose sobrevenir por el abogado del nieto, solicitando una suma de capital para cubrir gastos relacionados con el incidente. Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.

De acuerdo con la inculpación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar capital en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero. Estos conductores, sin saberlo, llevaban el capital a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a despachar el capital en efectivo por correo o mediante empresas de transporte a direcciones específicas.

En muchas ocasiones, el call center volvía a seducir a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer en estado de buena esperanza perdió a su bebé en el incidente”.

En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su mesa para retirar más capital.

Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el capital de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes. Los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavan capital tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los EE.UU. alrededor de Castaños García y otros en paraje dominicano.

“El sabido que sospeche deber sido víctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con (email protected) o seducir al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Incluso se puede reportar el fraude al Centro de Quejas de Fraude a Envejecientes del FBI (IC3)”, recomienda un comunicado.

El comunicado agrega que, el cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 abriles de prisión, tres abriles de arbitrio supervisada y una multa de hasta US$250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima. El cargo de conspiración para lavado de capital conlleva una pena máxima de 20 abriles de prisión, tres abriles de arbitrio supervisada y una multa de hasta US$500,000 o el doble de la cantidad de capital lavado, lo que sea longevo. Las sentencias son impuestas por un enjuiciador federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.

Los operativos se realizaron en colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Área de Conciencia; la Policía Franquista dominicana; la División Particular de Investigación del Crimen Organizado Internacional (Deicroi); la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim); y el Empleo Manifiesto. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts.