En países con características sociales, culturales, políticas y económicas similares a las de la República Dominicana, siempre han coexistido dos miradas distintas respecto al rol del talento humano que labora en el sector público. Para algunos, los servidores públicos son personas que acceden a las instituciones del Estado mediante vínculos político-partidistas, con el único propósito de obtener un salario mensual, al beneficio de logros significativos. En cambio, para otros, los trabajadores del Estado son individuos que han desarrollado competencias duras y blandas para desempeñar con eficiencia, competencia e integridad una función en la despacho pública.

Con el paso del tiempo, activos intangibles de parada valía como la reputación, credibilidad, profesionalismo, transparencia, ética, inclinación de servicio, cortesía, empatía e imagen pública han perdido inspección ciudadano en un segmento importante de los servidores públicos. En este sentido, con frecuencia, grupos de ciudadanos asocian el uso de sus obligaciones fiscales con el tamaño de la paga estatal. Es innegable que todas las organizaciones políticas que han administrado los fortuna del Estado dominicano han utilizado la paga pública como mecanismo para apaciguar y aminorar la presión ejercida por sus miembros y simpatizantes, quienes reclaman un empleo conocido.

La verdad debe ser dicha. En los últimos 25 primaveras, algunas entidades de la despacho pública dominicana han conseguido establecer mecanismos creíbles y eficientes para enganchar y separar talento humano con las competencias, habilidades y experiencias que requiere un Estado reciente para satisfacer las evacuación de sus ciudadanos. Es comprensible que los detractores de lo conocido cataloguen a todos los servidores del Estado como holgazanes. Pero no todo en la vida es valentísimo. En muchas agencias públicas de la República Dominicana laboran profesionales iguales o incluso superiores a los del sector privado.

Según datos de la Superintendencia de Salubridad y Riesgos Laborales (SISALRIL), hasta mayo de 2025, la paga del sector conocido dominicano ascendía a 757,028 empleados. Como en la vida misma, en el ámbito público hay buenos y malos servidores públicos. Aquellos que actúan de espaldas a las disposiciones establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública son los menos. En cambio, la mayoría conoce y aplica los componentes que integran el ámbito regulatorio de la despacho pública dominicana.

Es difícil tapar el sol con un dedo. En la sociedad dominicana existen incumbentes de instituciones de los sectores público y privado que, por razones absurdas, perciben y tratan a los ciudadanos que han decidido trabajar para el Estado como si fuesen seres humanos extraños. Ejemplos de estas instituciones incluyen el Consejo Franquista de Seguridad Social (CNSS), la Dirección Universal de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Dirección Universal de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), el Consejo Franquista de la Empresa Privada (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salubridad (ADARS), entre otras.

Son muchos los profesionales de distintas ramas del conocimiento que, durante primaveras, han dedicado sus experiencias y buenas prácticas al Estado dominicano. Con bajo perfil, en el entorno público existen técnicos calificados que agregan altísimo valía a la buena despacho pública. Dicho en otras palabras: no todos los servidores públicos de la República Dominicana son vagos e improductivos.

En este contexto, es probable que el presidente de la República, señor Luis Rodolfo Abinader Corona, consciente del rol que desempeña el talento humano del sector público, haya anunciado recientemente que se está revisando un posible aumento del salario reducido del sector conocido, actualmente fijado en RD$10,000 mensuales. El mandatario calificó este monto como “indignante”, y muchos servidores públicos amparados por la Ley 379-81 y por varios artículos de la Ley 87-01 saludan y agradecen sus palabras. Esto se debe a que, por un cálculo malintencionado de parte de la DGJP, los montos de sus pensiones dependen del indecoroso salario reducido conocido.

El presidente Abinader comprende perfectamente que ningún servidor conocido puede estar dignamente con un salario de RD$10,000. No hace desliz decirle que ese monto es inferior al costo de la canasta emparentado del Quintil 1, que en enero de 2025 ascendía a RD$27,828.58. Es sostener, el trabajador del sector conocido que percibe el salario reducido necesita RD$17,828.58 adicionales para cubrir dicha canasta. El salario reducido público solo cubre el 35.9% del costo de la canasta emparentado más desvaloración. El dirigente de la despacho pública sabe interpretar que un servidor conocido que apetencia el reducido necesita casi el triple de su salario para cubrir los fortuna esenciales de subsistencia.

En este orden, el presidente Abinader debería escuchar y analizar la solicitud del coordinador común del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), el psicólogo Luis Holguín-Veras: “Igualar el salario reducido del sector conocido al reducido franquista, actualmente de RD$21,675.00, y establecer por decreto su ajuste boletín en función del salario del sector privado no sectorizado, con su posterior inclusión en la Ley 105-13. Por otra parte, establecer un salario reducido que cubra al menos el costo de la canasta del Quintil 1, es sostener, aproximadamente RD$28,000 mensuales, con ajustes periódicos por inflación. Esta segunda medida podría combinarse con la primera, a fin de que en un plazo corto se logre un salario reducido franquista que se aproxime al costo de la canasta básica emparentado del quintil más bajo”.

Señor presidente, este es el momento acordado para acaecer del discurso a los hechos. Para su información y fines pertinentes, miles de servidores públicos con muchos primaveras laborando en la despacho pública no han tomado la osadía de pensionarse, oportuno a que la DGJP continúa calculando sus pensiones tomando como colchoneta los ocho aciagos salarios mínimos del sector conocido, violando la Ley 379-81 y varios artículos de la Ley 87-01. No es acordado, no es humano, no es digno que, luego de trabajar 30 o más primaveras en el sector público, la pensión más reincorporación que otorga el Estado dominicano, según los cálculos erróneos de la DGJP, sea de tan pronto como RD$80,000 mensuales.