Santo Domingo.– Han pasado cuatro meses de la tragedia que estremeció el corazón de cada dominicano, incluso de quienes residen en la diáspora. El desplome del techo de la imponente discoteca Set de chorro dejó un saldo devastador de 236 víctimas mortales.

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Aunque el tiempo avanza, para los familiares de las víctimas el temporalizador parece haberse detenido. El dolor aún los embarga, y las imágenes de aquella sombra siguen vivas en su memoria, escurriéndose por sus mejillas en forma de lágrimas amargas, como el peso que llevan en el pecho.

Doña Melba Segura de Grullón aún recuerda el regalo que le entregaría a su hija, Alexandra María Grullón de Destinoel día de su cumpleaños. Una caja negra, como aquella sombra lúgubre, aún cuidado los aretes que, con profundo apego, Melba había preferido para su hija.

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A pesar del dolor, doña Melba ha sabido transformarlo en solidaridad, creando el Fondo de Becas Alexandraun plan que ofrece oportunidades educativas a jóvenes de escasos medios. Sin incautación, para ella, el malogrado que dejó su hija se hace cada vez más inmenso.

En su cuenta de Instagram ha vuelto a compartir fotografías conexo a Alexandra. Sus publicaciones se han convertido en un canal de expresión emocional, y además en una forma de consuelo para otros que atraviesan por el duelo.

Mientras tanto, este viernes, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Doméstico ratificó la medida de coerción impuesta a los hermanos Antonio y Maribel Espaillatpropietario y director de la discoteca Set de chorrorespectivamente. En el fatídico colapso ocurrido el 8 de abrilmás de 100 personas perdieron la vida en el acto y 189 resultaron heridas.

El tribunal, integrado por las magistradas Nancy Joaquín, July Tamariz y Mariana Daneira García, adoptó esta valor tras rehusar 26 medios de apelaciónentre ellos los interpuestos por las víctimas y el Empleo Notorio, que buscaban que se revocara la medida dictada por la jueza Veloz fatima.

La medida de coerción ratificada consiste en el cuota de una aval económica de 50 millones de pesos a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida del país, presentación periódica delante las autoridades judiciales y la declaratoria del caso como enrevesado.