Por: Néstor J. Saldívar

Estados Unidos ha agresivo un nuevo software piloto que podría redefinir la experiencia de obtener una visa de turista o negocios. A partir del 20 de agosto de 2025, ciertos solicitantes de visas B-1/B-2 deberán avalar una fianza de hasta $15,000 como condición para la aprobación de su solicitud. Esta medida no surge por capricho ni como una política aislada. Es parte de una táctica coordinada entre el Área de Estado, el Área de Seguridad Franquista (DHS) y el Área del Fortuna, en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 14159 del presidente Trump titulada “Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión”.

El software rastreo evaluar la viabilidad operativa y diplomática de exigir fianzas como aparejo para achicar las sobreestadías de no inmigrantes, incentivar a gobiernos extranjeros a mejorar sus sistemas de control y documentación, y establecer un precedente claro: quien no garantice la salida de sus ciudadanos podría ver restringido su llegada a EE.UU. por vías más costosas y complicadas.

Las razones detrás de este software son evidentes. Según informes del DHS, en el año fiscal 2023 se registraron más de 500,000 sobreestadías entre los visitantes temporales admitidos por puertos aéreos o marítimos. Aunque muchos de ellos salieron seguidamente o cambiaron su status admitido, el barriguita y la recurrencia del engendro justifican, a motivo del gobierno, la implementación de medidas más exigentes para estabilizar que los visitantes cumplan con su obligación de salida.

El software no es definitivo. Se tráfico de un piloto de 12 meses que servirá para analizar, no solo su viabilidad técnica y transporte, sino igualmente su impacto actual en el comportamiento de los solicitantes, la carga sobre las agencias involucradas, y la respuesta de los países afectados. Al término del periodo, el Área de Estado decidirá si se convierte en una medida permanente o si, por el contrario, debe descartarse.

Uno de los aspectos más sensibles del software es la selección de países cuyos ciudadanos estarán sujetos a la fianza. El documento establece tres criterios: altas tasas de sobreestadía, deficiencia en los sistemas de demostración y circunstancias, y programas de ciudadanía por inversión sin requisito de residencia. En ese contexto, surge inapelable la pregunta: ¿podría República Dominicana entrar fácilmente en este software?

La respuesta es sí. Según el noticia oficial más flamante del Área de Seguridad Franquista (DHS), correspondiente al año fiscal 2023, la República Dominicana registró una tasa de sobreestadía in-country del 6.11 % en visas B-1/B-2, lo que la coloca por encima del promedio militar de los países que no forman parte del Software de Exención de Visa (non-VWP), que fue del 3.04 %. Estos datos están disponibles públicamente en el Entry/Exit Overstay Report de 2024 (DHS.gov). Esta sigla, unida a la desaparición de acuerdos consolidados de demostración automatizada de identidad y circunstancias entre entreambos países, convierte a República Dominicana en un candidato actual a ser incluido en el software si no se implementan medidas correctivas en el corto plazo.

En cuanto a los países ya incluidos en el software piloto, Zambia y Malawi, entreambos tienen poco en popular: sus ciudadanos, si proporcionadamente no representan volúmenes masivos de viajes a EE.UU., han presentado tasas elevadas de sobreestadía en proporción al número de visas emitidas. Según el documento del Federal Register, se escogieron en cojín a datos del DHS, vetos diplomáticos previos por deficiencia en demostración y vínculos con programas de ciudadanía por inversión sin residencia. Esto refuerza que el software no apunta necesariamente a países con suspensión barriguita de viajeros, sino a los que presentan mayores riesgos en términos relativos. Por consiguiente, incluso naciones pequeñas o con poca migración admitido a EE.UU. pueden ser blanco de esta medida si su tasa de cumplimiento es quebranto.

Ahora proporcionadamente, ¿cómo afectará esta política la intención de desplazarse a EE.UU. en el resto del mundo? El impacto no será pequeño. Aunque el software se aplica, por ahora, a países específicos, el mensaje que transmite es universal: Estados Unidos está dispuesto a deshumanizar sus requisitos incluso para los visitantes temporales. Para muchos viajeros, la posibilidad de tener que avalar una fianza de $15,000, aunque sea reembolsable, puede resultar disuasiva. La error de claridad original sobre qué países están incluidos, el temor a perder el peculio por errores administrativos o incumplimientos técnicos y la percepción de desconfianza generalizada, podrían provocar una caída en las solicitudes.

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Posee una industria en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es graduado en Derecho y comunicador.