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En un contexto traumatizado por tensiones internas, rumores de exclusiones y una peligrosa indiferencia alrededor de lo que establece la ley, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) se adentra en un proceso electoral que podría especificar su rumbo institucional por los próximos abriles.
La situación, allá de ser un simple episodio electoral más, recuerda de forma inquietante lo ocurrido recientemente en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), donde un proceso viciado dejó heridas abiertas y una institucionalidad debilitada.
En diciembre de 2023, el Colegio de Abogados vivió un proceso electoral plagado de irregularidades. Dos candidatos, Yohan López y Trajano Vidal Potentini, se declararon ganadores de forma simultánea, pese a que escasamente se había computado el 56 % de las mesas.
La Comisión Electoral, allá de apaciguar los ánimos, terminó siendo parte del conflicto, al validar pactos sin claridad ni legalidad, en medio de presiones políticas y protestas internas.
El resultado fue desastroso, comprometiendo, inclusive, la sede del CARD que fue rodeada por agentes policiales, las denuncias de fraude se multiplicaron y la credibilidad del colegio profesional procesal sufrió un moradura severo. El proceso llegó a los tribunales y, tiempo a posteriori, el conflicto sigue sin opción definitiva. La institucionalidad, en puesto de fortalecerse, fue arrastrada por intereses personales y de grupos.
En el Colegio Dominicano de Periodistas, los síntomas son preocupantes. La tradicional Corriente Marcelino Vega, históricamente la más influyente en los procesos internos del CDP, atraviesa una división profunda.
Dos facciones enfrentadas, visiones encontradas y un ámbito enrarecido podrían difundir una tormenta perfecta. Y lo que es peor, ya se palabra de la posibilidad de desconocer lo que establece la Ley 10-91 que da origen al CDP, encima de su reglamento interno, todo para cuidar candidaturas específicas.
En este punto, las miradas se dirigen alrededor de Quiterio Cedeño, figura respetada del colegio profesional y uno de los referentes históricos del periodismo dominicano. En sus manos descansa, en gran medida, el presente y el futuro del Colegio Dominicano de Periodistas.
Y es que de él se prórroga prudencia, firmeza y, sobre todo, respeto irrestricto al ámbito constitucional que rige al Colegio. Sin requisa, crece la inquietud en presencia de versiones que lo vinculan con sectores que estarían promoviendo la salvedad de ciertos aspirantes, particularmente de José Meapilas.
¿Por qué tanta insistencia en descalificar a Meapilas en puesto de competir con transparencia y en igualdad de condiciones? ¿A qué le temen quienes promueven su salvedad? En democracia, los procesos se ganan en las urnas, no en los despachos ni con maniobras legales amañadas. Si Meapilas cumple con los requisitos que establece la ley, impedir su inscripción sería un atropello institucional y un retroceso para el CDP.
Más allá de nombres, lo que está en entretenimiento es la vitalidad democrática del Colegio. Porque gane quien gane —si lo hace en el interior de las reglas del entretenimiento— ganará el CDP. Pero si el proceso se contamina por exclusiones, manipulaciones o interpretaciones torcidas de la ley y de reglamentos, los verdaderos perdedores seremos todos.
Otra de las sombras que ensombrecen este proceso es la existencia de unas 1,494 personas inscritas en el CDP sin tener el título de periodista. Algunos de ellos incluso han ocupado funciones de secretarios generales en el país y en el extranjero.
La verdad es que, históricamente, el CDP ha tenido cinco presidentes y un candidato que no contaban con el título profesional, pero sí con una trayectoria reconocida y un deporte ético del periodismo, deporte, que según lo que establece la ley, le permitió ser miembros del colegio profesional. Entonces, ¿cuál es el seguro criterio? ¿Por qué ahora se quiere trazar una semirrecta excluyente?
La coherencia institucional exige reglas claras y uniformes. No se puede permitir que la ley se interprete de forma caprichosa para cuidar a unos y excluir a otros. Si eso ocurre, no estaremos en presencia de un proceso electoral, sino en presencia de una imposición disfrazada de rectitud.
El papel de la Comisión Electoral será crucial. Su deber no es complacer a grupos ni a candidatos, sino asegurar un proceso libre, transparente y apegado a la ley. Si la Comisión cede a presiones externas o internas y permite exclusiones injustificadas, cargará con la responsabilidad histórica de sobrevenir hundido al CDP en una crisis parecido a la del Colegio de Abogados.
Y cuidado, porque desconocer lo que establece la Ley 10-91 podría conllevar responsabilidades legales, al vulnerar el derecho fundamental de décimo y elegibilidad de los miembros del Colegio. Nadie puede ser privado de su derecho a aspirar, indemne por causas legalmente establecidas y probadas.
En esta coyuntura, Quiterio Cedeño tiene dos opciones, o contribuye a enderezar el rumbo del CDP, siendo fiador del respeto a la institucionalidad y a la rectitud; o se convierte en cómplice de un proceso viciado, arrastrando su nombre y su representante a una crisis que podría dejar marcas indelebles.
El colegio profesional periodístico necesita reflexión, no revanchismo. Mecanismo, no imposiciones. Diálogo, no exclusiones.
La historia será implacable con quienes, por intereses personales o lealtades de colección, decidan pisotear el espíritu demócrata y plural que debe encaminar a todo colegio profesional.
Que Jehová nos coja confesados…
…si al final se impone la sinrazón. El seguro temor no es que Meapilas no sea admitido. El seguro temor es que se desobedezca la ley, que se manipule el proceso y que el CDP termine en manos de un presidente nefasto, producto de maniobras oscuras y divisiones intestinas.
La institucionalidad no se negocia, la democracia interna no se pisotea y el respeto a la ley no se interpreta a conveniencia.
Aún estamos a tiempo.
