El presidente Luis Abinader promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Profesión de Hacienda y el Profesión de Pertenencias, Planificación y Avance en un nuevo profesión denominado Profesión de Hacienda y Pertenencias.

Esta transformación institucional implica además la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Pertenencias, Planificación y Avance.

La ley, aprobada de aprieto por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año, tiene por objetivo apuntalar una articulación más eficaz entre la política fiscal y el sistema doméstico de planificación e inversión pública, en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena suministro pública.

Fortalecimiento institucional

La nueva estatuto reorganiza las estructuras orgánicas de uno y otro ministerios para consolidarlas en una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación. Entre los principales cambios que introduce se destacan:

• Supresión del Profesión de Pertenencias, Planificación y Avance (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de planificación e inversión pública pasan al Profesión de Hacienda y Pertenencias.

• Transferencia de competencias al Profesión de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y ordenamiento territorial.

• Reorganización de los viceministerios bajo una nueva estructura que comprende áreas como Caudal y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Notorio y Pertenencias.

• Asimismo, la ley establece al nuevo profesión como víscera rector del sistema doméstico de planificación e inversión pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.

• De igual forma, la ley contempla disposiciones específicas para apuntalar la continuidad de los servicios públicos, respaldar la transición ordenada del personal y detallar los plazos para la adecuación legislatura, presupuestaria y administrativa.

Esta reforma alega a las directrices de la Organización Franquista de Avance y al Plan Caudillo de Reforma y Modernización de la Filial Pública, con miras a dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.