SAN FRANCISCO DE MACORIS. – Productores, molineros, funcionarios del Servicio de Agricultura y otros actores secreto del sector arrocero de la República Dominicana se reunieron aquí con el fin de apañarse soluciones al contemporáneo problema de un sobrante de producción arrocera franquista que supera los 7.6 millones de quintales.

La reunión tuvo lucar en la sede de la Convenio Doméstico de Productores de Arroz (FENARROZ), ubicada en la Ciudad Agropecuaria del Noreste, en San Francisco de Macorís. Fue encabezada por el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y estuvieron incluso  dirigentes de FENARROZ , la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA) así como  Juan Tomás Camilo, director de la Mecanismo Ejecutora de Proyectos de Investigación (UEPI), y Frank Ventura, director regional Noreste del Servicio de Agricultura, entre otros.

1400 DE QUINTALES MÁS QUE AÑOS ANTERIORES

Durante la misma  se destacó que gracias al respaldo del Gobierno, el uso de tecnología de punta y la implementación de semillas certificadas, la República Dominicana se encamina en torno a una cosecha récord en el año 2025, con un rendimiento promedio de 48 libras adicionales por tarea, lo que representa un incremento de 1,400 quintales más que abriles anteriores.

MEDIDAS OFICIALES

El ministro Cruz informó que desde el Gobierno se están tomando medidas para habilitar espacios de almacenamiento y resolver la viabilidad de exportaciones en torno a mercados como Cuba, Haití y otros países del Caribe, como alternativa para evitar que la sobreproducción afecte la comercialización tópico.

“El compromiso es seguir avanzando en torno a el objetivo de anhelo cero, apoyando a nuestros productores y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país”, expresó.

SUGIERE MEDIDAS URGENTES

Marcelo Reyes Jorge, presidente de dicha Convenio, dijo que es urgente tomar medidas rápidas y efectivas para acoger la producción contemporáneo, pero incluso planificar estrategias sostenibles de comercialización de cara a futuras cosechas, con miras a preservar la rentabilidad y la dignidad del productor arrocero.

“Valoramos la disposición del Gobierno de apañarse soluciones concretas, pero es imprescindible que se respeten los acuerdos sobre la tara en todos los centros de acopio del país. No podemos permitir que el sacrificio de nuestros productores se vea disminuido por prácticas injustas en la estimación del arroz recibido”, enfatizó.

En el contexto del cultivo y comercialización del arroz, la «tara» se refiere a la pérdida de peso o disminución de la calidad del orzuelo adecuado a impurezas, humedad o daños físicos, lo que impacta directamente en la cantidad de arroz útil que puede ser comercializado y, por ende, en el ingreso del productor.

“Este es un paso necesario para evitar distorsiones en el mercado y afirmar que los frutos del trabajo de miles de hombres y mujeres del campo no se pierdan”, expresó Reyes Jorge.

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