El esquema de ley que sondeo modernizar el régimen de alquileres en República Dominicana sigue estando en la palestra. Una de las más recientes posiciones que han sido externadas desde el sector bancario es la de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), entidad que hace varios días expresó su preocupación por varios aspectos de la cuarto.

La comunicación, firmada por la presidenta ejecutiva de la ABA, Rossanna Ruiz, señala que el esquema limita utensilios esenciales del resolución de arrendamientocomo la duración, el precio del arriendo y su reajuste. Esto, a discernimiento del cofradíarestringe la sencillez de contratación, vulnera el principio de autonomía de la voluntad de las partes y desnaturaliza la esencia del negocio forense privado.

Uno de los puntos más criticados es la propuesta de vincular a que las garantías de arriendo se depositen en entidades bancarias. La Aba considera que este mecanismo, aunque podría parecer una vía para fomentar la bancarización, representa una distorsión de la finalidad innovador de la aval, que forma parte de una relación contractual privada entre casero e inquilino.

Sobre el artículo 15

Asimismo, la ordenamiento sostiene que la redacción del artículo 15 es ambigua y no define adecuadamente las responsabilidades legales de las entidades financieras en la custodia y devolución de los fondos. Esto podría derivar en conflictos legales entre las partes por incumplimientos contractuales, trasladando injustamente esos riesgos al sector bancario, que no está preparado ni legalmente facultado para desempeñar ese rol.

El artículo 16

Otro aspecto conflictivo es el artículo 16, que establece que la aval podrá ser entregada al casero o al inquilino “sin más trámite”. Según la ABA, esta redacción es riesgosa, ya que no aclara los criterios ni los procedimientos para determinar si se ha cumplido con el resolución, lo que puede poner al sotabanco en la incómoda posición de ejecutar decisiones sin respaldo constitucional ni mandato legal claro.

La entidad asimismo critica la obligación de las entidades bancarias de admitir copias de los contratos de arriendo y notificarlos a los reguladores financieros. Desde una perspectiva operativa, esto implicaría la prohijamiento de nuevas funciones, implementación de tecnologías específicas, segmentación de productos y capacitación del personal, lo cual representaría una carga adicional para los bancos sin estar contemplada en su situación constitucional.

La ABA advierte que estas medidas, de aprobarse sin ajustes, colocarían al sector bancario en una situación similar a la contemporáneo problemática de los embargos, muchas veces aplicados sin criterios jurídicos claros. Esto, asegura la entidad, podría traducirse en distorsiones operativas, inseguridad jurídica y afectaciones económicas tanto para las instituciones como para los usuarios.

Acoprovi respalda

De su costado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) manifestó su posición «oportuno» respecto a la aprobación del plan de Ley de Alquileres de Intereses Inmuebles y Desahuciostras haberse acogido sus observaciones.

Consideró que las observaciones que remitió a la Cámara Víctima, el día tres de julio, tuvieron una oportuno recibimiento, concorde con el interés de aportar a un sector inmobiliario robusto, que impacte positivamente en la ciudadanía y los oferentes de estos servicios.