El Instituto Franquista de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció que iniciará un proceso de sanciones y clausura temporal de los comercios ubicados en la playa de Boca Chica que violaron la legislatura que exige exhibir de forma clara los precios por mecanismo y por libra de los productos ofertados en ese ocupación turístico.

El director ejecutor de la entidad, Eddy Alcántaraindicó que una regimientos del Área de Inspección y Vigilancia realizó un rebelión en esa zona de entretenimiento, “y la medida que hemos decidido tomar es que los negocios que no han cumplido con la disposición serán cerrados hasta que cumplan con el mandato y las obligaciones establecidas por la ley 358-05”.

Advirtió que esa institución no permitirá que se sigan cometiendo abusos contra consumidores que se desplazan a esa zona en sondeo de entretenimiento y esparcimiento.

“No permitiremos distorsiones ni ningún tipo de anomalías que perjudique al consumidor y más en los principales espacios recreativos de nuestras zonas turísticas, a donde van tantas personas a divertirse”, declaró.

El funcionario fue enfático al señalar que no puede suceder un solo comercio en Boca Chica que incumpla con esta medida sin enredar consecuencias, al tiempo que afirmó que se aplicarán sanciones ejemplares, incluyendo la clausura de los establecimientos y no podrán rajar al conocido hasta que ejerzan las buenas prácticas comerciales.

Encima, -prosiguió diciendo-, estas acciones no solo buscan restaurar la confianza de los consumidores en los comercios de la zona, sino todavía establecer un precedente para ser replicado en otros balnearios y lugares de entretenimiento del país.

Se recuerda que semanas a espaldas Pro Consumidor sostuvo un conversación con comerciantes del ámbito, otorgándoles un plazo de 15 días para implementar la medida y transparentar la comercialización de los productos vendidos en esa demarcación, el cual venció recientemente sin que muchos de ellos cumplieran.

Finalmente, Alcántara informó que estas acciones forman parte de una política firme para eliminar prácticas abusivas y proteger los derechos de los consumidores en este importante destino turístico.