Por Raúl Germán Bautista.– La Oficina Legal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Doméstico conocerá hoy, lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra diez implicados en la presunta red de corrupción denominada “Operación Lobo”. El Tarea Manifiesto pide prisión preventiva y que el caso sea público engorroso.

La supuesta red involucra a militares, policías y civiles, quienes, según la recriminación, incurrieron en un esquema de sobornos superior a los RD$100 millones para obtener contratos estatales de seguridad privada.

Los acusados son: Decano universal retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Papera, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González.

De acuerdo con el expediente, los imputados utilizaron sobornos para obtener y abastecer contratos de seguridad privada en instituciones públicas como el Instituto Doméstico de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Doméstico de Lozanía (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

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Estas acciones, según el Tarea Manifiesto, afectaron directamente a entidades sensibles del Estado.
La investigación se originó tras una denuncia remitida al Tarea Manifiesto por la Dirección Genérico de Ética e Integridad Ministerial.

El centro de operaciones de la presunta red es la empresa Servicios Doméstico de Seguridad Integral SRL (SENASE)propiedad de Rodríguez González.

Según el víscera persecutor, entre 2014 y 2024, SENASE movilizó más de RD$7,247 millones a través del sistema financiero doméstico, usando cuentas en bancos como Banreservas, Faja Popular y Faja BHD.

Esta sigla refleja el prominencia de negocios de la empresa, que, según la recriminación, se mantuvo en el Estado mediante pagos ilegales.

El expediente indica que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de SENASE fueron destinados al plazo de sobornos a funcionarios públicos y personas ligadas a procesos de contratación.

Ese porcentaje representa entre RD$362 millones y RD$724 millones, supuestamente usados para apoyar contratos estatales y asegurar su continuidad de forma irregular.